Un «limbo» llamado Sevilla Global

Sevilla- Cuentas anuales puestas en duda, elecciones sindicales en mitad de un proceso de disolución de la empresa que ha sido recurrido, denuncias por hacinamiento del personal, gastos en asesores que asustan, servicios duplicados y la vida de cincuenta y dos familias pendientes de un ERE del que tuvieron la primera noticia hace ya siete meses, que aún no ha sido presentado, y que concluirá con todos en el paro, sin reubicaciones consecuencia de la tasa cero de reposición de efectivos que pesa sobre el Ayuntamiento. La empresa municipal Sevilla Global se ha convertido en una especie de «limbo» para sus empleados en el que cada día parece el último desde hace semanas. Mientras tanto, cobran de forma religiosa a final de mes, pero el noventa por ciento de ellos se halla «cruzado de brazos». Un auténtico sinsentido en los tiempos que corren.

El sentimiento de impotencia del personal es total. «Se puede decir que la empresa funciona a un diez por ciento», explica a LA RAZÓN un empleado que prefiere guardar su anonimato: «De cincuenta y dos personas, hay trabajando cinco o seis. El único departamento que tiene tarea es el que lleva directamente el gerente, proyectos internacionales sufragados por la Unión Europea, y en Arte Sacro, donde hay una persona vendiendo naves. Nos gustaría que el tiempo que sigamos trabajando sirviera para algo, pero la realidad es otra». El Ayuntamiento suspendió todos los servicios excepto tres a finales de julio, a través de una resolución de la Alcaldía. Un paso previo al procedimiento de disolución encuadrado dentro del plan de pago a proveedores, en cumplimiento del Real Decreto Ley 4/2012. Legalmente, por tanto, el Consistorio ha de disolver las sociedades municipales «cuyas pérdidas excedan de la mitad del capital social». Entre ellas, se encuentra Giralda Televisión y, en teoría, Sevilla Global. En teoría, porque ni siquiera en eso hay unanimidad. Un conflicto con los terrenos de Arte Sacro ha provocado un déficit al que Zoido se aferra para cerrar una empresa vinculada a Izquierda Unida en el anterior mandato. «Es verdad que IU metió a afines, pero a día de hoy ninguno de ellos está en la plantilla. La empresa no es de Izquierda Unida, de hecho se creó en 2000, bajo mandato socialista», explica el empleado. En cualquier caso, el Ayuntamiento alega «duplicidades» en los servicios prestados y la necesidad de acabar con ellos.

Se han anulado los talleres pre-laborales, dejado de renovar contratos de alquiler de locales que ahora generan «hacinamiento» de un personal que se limita a cumplir un horario de 8:00 a 15:00 delante de un ordenador cuando debían estar en la calle. «Se han dejado de impartir cursos y no se atiende a la demanda, hay compañeros cruzados de brazos mientras llaman y se acercan madres a preguntar por los proyectos. Temen que sus hijos vuelvan a la droga y nos recuerdan los buenos resultados anteriores. Ahora todo está paralizado», añade un compañero. Mientras, los trabajadores están a la espera de la aplicación de un ERE que estaba previsto que se presentase el 3 de septiembre pero que hoy, 1 de octubre, aún no ha sido presentado. Si hubiese sido así, y tras un mes fijado como periodo de negociación, no más tarde del 15 de octubre la empresa habría sido cerrada. Por tanto, y siguiendo este parámetro, la situación actual podría alargarse un mes y medio más como mínimo. En total, más de cuatro meses pagando a los empleados por no hacer nada.

«Estamos en el limbo, el trabajo de los que tienen alguna actividad va –continúa– directamente a los cajones, pese a que son estudios que podrían generar conocimiento sobre la situación económica a la Universidad, los empresarios...».

Los trabajadores denuncian que incluso hay «proyectos de empresarios a la espera de hablar con un interlocutor y nadie les atiende en el Ayuntamiento. En teoría, somos los encargados de promocionar la ciudad, pero no nos dejan ni colgar los informes en la web».

Siendo malo el ambiente, peor es la incertidumbre que sufren: «Oficialmente no sabemos nada del proceso de resolución. Los plazos se están alargando y el Ayuntamiento está perdiendo tiempo y dinero en asesores». Las facturas de los gabine tes de abogados también han sido denunciadas por el comité de empresa. De hecho, llegan a asegurar que entre finiquitos y disolución el Ayuntamiento podría tener que pagar más de cinco millones de euros, «cuando el presupuesto anual es de 3 millones». La conclusión de los trabajadores es durísima: «Nos pagan religiosamente, prácticamente nos pagan por escondernos».
Esta situación contrasta con la de Giralda Televisión, otra sociedad municipal que será disuelta, pero que no acabará con el servicio. De hecho, a lo largo de este mes ha de constituirse una nueva agencia pública como vía que asegure la continuidad y los nueve puestos de trabajo actuales que soportan, eso sí, con retrasos en los pagos en los últimos meses.