OPINIÓN: Retorno al siglo XIX a base de decretazo

Los dirigentes andaluces están cometiendo los errores del pasado. El estudio «El Cesante: análisis de un ‘tipo' social del siglo XIX» de Antonio Albuela Guirnaldas, profesor de la Universidad de Málaga, define «la recomendación y el amiguismo», modalidad de tráfico de influencias, como «la forma más usual de encontrar un empleo u obtener un ascenso en la administración». Este temible «amiguismo» puede ser habitual si el controvertido Decreto-Ley 5/2010 continúa hacia adelante. Por ello, Safja ha sido el primer sindicato en recurrirlo ante el TSJA y el único en querellarse contra el Consejo de Gobierno, en pedir acciones legales al Defensor del Pueblo y en recurrir la primera sociedad mercantil. Las denuncias de Safja, sin ideologías ni ataduras políticas, no son puramente individualistas. Las consecuencias de esta polémica reestructuración de la «administración paralela» afectarán a funcionarios y opositores, que verán mermados los puestos de trabajo en concursos, promoción interna y ofertas públicas. ¿Es justo que se afiancen los puestos de tantos «a dedo», a costa de suprimirlos en procesos selectivos? ¿Se devolverá dinero, tiempo e ilusiones a miles de opositores y funcionarios? ¿Y las sentencias conseguidas por Safja contra encomiendas, PLDs...? También se deteriorarán los servicios públicos, pues el ejercicio de la potestad administrativa es la garantía del ciudadano ante la Administración y establece igualdad e imparcialidad en la aplicación de la Ley. ¿Qué pasará con las nuevas agencias regidas por derecho privado? Pasaremos a actuar bajo obediencia debida, consumando equivocaciones de otros tiempos.
Este decretazo no debería ser tal y –¡qué mínimo!– sí debería negociarse con sindicatos, representantes de los afectados. La figura adoptada de esta reordenación es un claro fraude de Ley, para evitar reclamaciones de perjudicados y sindicatos ante tribunales ordinarios. Si cada agencia pública empresarial estará asociada a cada consejería y repartirá las funciones sin restricciones, ¿cómo se limitarán las potestades públicas?
El decreto-ley facilita el camino a la privatización de la Administración creando empresas públicas más fuertes y protegidas, las agencias. Una reforma de Función Pública, la mayor de los últimos tiempos, sin debate parlamentario, sin explicación clara a la sociedad y sin mejora de eficiencia y profesionalidad. Aún nos preguntamos dónde está la reducción que defendió Griñán ante la opinión pública y dónde el ahorro en una reordenación que no es más que el mismo perro con distinto collar.

 José Manuel Mateo es presidente de Safja