España
Elena Salgado: un castigo exagerado a los laboratorios farmacéuticos
La venganza es un plato que se sirve frío. Elena Salgado, vicepresidenta económica y a la sazón responsable máxima junto con José Luis Rodríguez Zapatero del último «tijeretazo» aprobado por el Gobierno, nunca quiso demasiado a la industria farmacéutica que opera en España. Sus enfrentamientos con laboratorios catalanes y con multinacionales de todo tipo durante su etapa al frente del Ministerio de Sanidad fueron notorios. Algunos, respiraron aliviados al conocer su marcha y su sustitución por Bernat Soria. Sin embargo, las sonrisas se tornaron de nuevo en miedos cuando el presidente del Gobierno la sacó de Administraciones Públicas para situarla al frente de la plaza que Pedro Solbes había dejado vacante en Economía. En Octubre, A TU SALUD ya avisó de que la «superministra» estaba poniendo las miras desde su nuevo puesto en las compañías farmacéuticas. La evolución disparatada del gasto en comparación con la riqueza nacional, los plazos cada vez más dilatados de pagos a los proveedores por parte de las Administraciones y el déficit que el Sistema Nacional de Salud iba arrastrando constituyeron la excusa perfecta de la superministra para devolver los desplantes a la «bicha» farmacéutica, siempre en la diana de la vieja y rancia guardia sanitaria del PSOE. Hace un mes, Salgado trató ya de «meter» mano a los laboratorios con motivo del decreto que elaboró Sanidad. Su departamento se quejaba de que a medida que transcurrían los días de negociaciones la industria arañaba más y más ventajas a Jiménez y a sus lugartenientes. Al final, sólo los fabricantes de genéricos y alguna compañía innovadora con productos fuera de patente sufrieron la embestida. Demasiado poco para Salgado. A su equipo seguían sin cuadrarle las cuentas. De ahí que la llamada de Obama y la alerta de los organismos internacionales supusieran la excusa perfecta para que la responsable posara el foco sobre los fabricantes de medicamentos. La bajada de precios sin precedentes reducirá la facturación de la industria un 20por ciento y generará 20.000 despidos. Lo peor, sin embargo, será la destrucción de la I+D biomédica y la fuga de las empresas de España.
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