Teatro ahogado por las deudas

Cuando el constructor José María Solís se plantó frente al Ayuntamiento de Loeches en 2009 con dos bidones de gasolina y amenzó con inmolarse a lo bonzo si no cobraba los 450.000 euros que el municipio madrileño le debía, a casi todos se nos pasó por la cabeza esa expresión tan española: «No hay derecho». En cambio, poco se sabe –o nada– de la situación de Gracia Olayo, de Antonio Gil, de Miguel del Arco, de Juan Luis Galiardo, de Eva Paniagua... Por citar sólo a algunos.

Todos son profesionales de las artes escénicas españolas. Con rostro popular o más desconocidos, todos comparten el sino de los tiempos para los «teatreros», que es cobrar en tres plazos: tarde, mal y nunca. La crisis se ha cebado con la liquidez de un sector que depende en gran medida de la contratación de los teatros de titularidad pública. Las compañías de teatro se ven obligadas, contra su voluntad, a financiar con sus cachés o ingresos de taquilla a los malos gestores.


Cobrar a seis meses
Dependientes de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, más del 75% de los teatros españoles es de titularidad pública. En ellos, el programador decide quién actúa, pero el interventor tiene la última palabra en los flujos de dinero. A la productora teatral Pentación, que es tanto como decir el empresario Jesús Cimarro, le deben en total 1.200.000 euros. «Soy al que más deben en toda España», dice con un contenido cabreo. Hay ayuntamientos y comunidades autónomas –da nombres «off the record»– que le adeudan 50.000 y 130.000 respectivamente. Sobre todo, le deben de los años 2009 y 2010, cuando la crisis empezó a dar la cara en el sector teatral; hasta entonces vivía en una comedida euforia, ya que los teatros llenaban y parecían inmunes. Pero llegó, y quienes contrataban no estuvieron a la altura. «Antes cobrábamos a 60 días. 90 era normal. Pero empezaron a llegar los pagos a cinco meses, a seis...», cuenta sobre cómo se llegó a esta situación. Otra clave está en el funcionamiento del entramado municipal: «Muchas de las operaciones de contratación se han hecho sin estar aprobadas por los plenos de los ayuntamientos», cuenta Cimarro. Al aplicar la caja única, había otras prioridades, como pagar nóminas, y el desfavorecido era siempre el mismo: el artista y el empresario.

Cimarro es el vicepresidente de la asociación de empresarios teatrales Faeteda, y cuenta que la situación es tan alarmante que ésta contrató hace seis meses a un abogado sólo para temas de morosidad. «Ya estamos resolviendo casos», cuenta como una pequeña victoria. Él mismo ha iniciado 50 procedimientos monitorios contra diferentes consistorios y 25 ya le han pagado.

Miguel del Arco, un director en auge gracias a montajes como «Veraneantes» y «Juicio a una zorra», fue de los primeros en hablar alto y claro. Lo hizo en la pasada gala de los Premios Max, donde arrasó con la soberbia «La función por hacer» y le dio un tirón de orejas a la morosidad de los teatros municipales. Con su compañía, Kamikaze Producciones, lo sufre en carne propia: le deben más de 60.000 euros y ha tenido un episodio concreto con el Ayuntamiento de León que ha trascendido. «No traté de ser heroico. Era una cuestión de defensa, porque estábamos ahogados». Explica que firmaron un contrato para un bolo con una cláusula por la que debían cobrar dos días antes. Llegada la fecha, no cobraron... y no actuaron. Algo que parece impensable. «No estaban preparados para escuchar algo así; empezaron a ponerse nerviosos; el programador decía que no era problema suyo sino del interventor... Llamó el concejal de Cultura diciendo que por su honor íbamos a cobrar ese bolo. Y no tengo por qué dudar de él, pero para eso están los contratos».

Del Arco no exculpa por completo a los programadores: «No puedes llamar a una compañía si sabes que el interventor de tu Ayuntamiento está retrasando el pago o saltándose el contrato firmado». Los pagos se están retrasando a seis meses, a nueve... Dos años llevan algunos esperando.


Miedo a represalias
Otros muchos no se animan a plantarse por dos motivos, dice el director: uno es «el terror terrible que siempre hemos tenido a que nos dejen de llamar», y cuenta cómo han llegado a amenazarle con cerrarle puertas. El otro es la opinión pública imperante: «Hay una falta de respeto por la profesión del actor, del teatro, y por el arte en general. ¿Qué tiene un panadero que no tenga yo? Desempeño una actividad comercial, movemos tres producciones con más de veinte personas, pagamos religiosamente a todo el mundo, alquilamos focos, material, viajamos...». Y deja claro: «No tengo una sola subvención».

El caso de Del Arco es sólo uno de cientos. Madrid Productoras Teatrales es una asociación que agrupa a compañías madrileñas, desde la del propio Del Arco a productores como Concha Busto, Andrea D'Odorico y Juanjo Seoane. También hay actores y actrices metidos a productores, como Blanca Portillo, Miguel Ángel Solá y Blanca Oteyza, y Juan Luis Galiardo. Los representa Eva Paniagua, afectada, como tantos otros, a través de su compañía, Come y Calla. Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León o la Comunidad de Madrid, cuenta, están en el «top» de morosos. «A las compañías les estoy diciendo que a Castilla-La Mancha no vayan si no es con contrato firmado». Y menciona a un Ayuntamiento en concreto: Lietor, en Murcia. Denuncia que se trata de «una situación caótica, no hay un organismo que regule esto», y tiene claro que el problema es «que juegan con la base de que nuestro cliente es una entidad pública y te tienen cogido por los pies». Eso, y que «parece que a nivel social no pasa nada si no se paga a los teatros. A Lluís Pasqual le dijeron por la calle que por qué tenía el teatro abierto si estaban quitando camas de hospitales. Tenemos fama de subvencionados y perroflautas; es muy complicado. Y hoy por hoy siguen contratando aunque no saben cuándo te van a pagar». ¿Y por qué no se plantan? De nuevo, Miguel del Arco ofrece una pista: «Los teatreros tenemos esa cosa del "show must go on", de no suspender, por encima de nuestro cadáver... Pero ya está bien, es una cuestión de dignidad profesional».


Se buscan soluciones
El problema lo abordó la pasada semana en Madrid la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, en unos encuentros en Madrid que tenían por objeto buscar modelos alternativos para solucionar el problema. Matizaron entonces que no todos incumplen, que hay municipios y teatros que pagan religiosamente, y que no se puede hacer pagar a justos por pecadores. También que incluso en los casos más extremos hay que ver qué responsabilidad tiene el teatro y el programador, que a menudo están asfixiados por los presupuestos municipales y condicionados políticamente. Ante eso, se proponían modelos alternativos, como el holandés, que proporciona más autonomía a los teatros respecto de los municipios. Los modelos mixtos –entre público y privado–, defendían, podría ser una solución en muchos casos.

Mérida: un festival que no paga
El caso es inédito: más de treinta artistas y técnicos, entre ellos nombres como Emma Ozores, Antonio Gil, Secun de la Rosa, Pedro Moreno, Isabel Ordaz, Felipe Ramos y José Luis Torrijo, se han reunido para reclamar al Festival de Teatro de Mérida lo que les debe desde la pasada edición, en agosto. Además, denuncian, muchos trabajaron en situación irregular o ilegal, sin cotizar en la Seguridad Social. Aunque buscan una solución consensuada, no descartan emprender acciones legales contra el Patronato del certamen, que no les escucha y que depende de Cultura, Junta de Extremadura, Ayuntamiento y Diputación. «Estos chanchullos son inaceptables», resume uno de sus abogados.