El Supremo tumba la trampa electoral de ETA

Sortu no es más que la continuidad de la formación ilegalizada Batasuna, y, por ello, no puede inscribirse en el Registro de Partidos Políticos. La consecuencia es clara: está incapacitada para concurrir a los próximos comicios municipales y al Parlamento de Navarra. Ésta es la conclusión a la que anoche llegó la Sala 61 del Tribunal Supremo, presidida por Carlos Dívar tras dos reuniones celebradas ayer y en las que se debatió la ponencia del magistrado Carlos Lesmes, quien abogaba por la estimación de las demandas.

Poco más de 24 horas desde que finalizó la vista por las demandas interpuestas han tardado los 16 magistrados que integran la Sala Especial del Supremo para avalar las tesis esgrimidas tanto del Gobierno como por el Ministerio Público. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de las anteriores en que se ha tenido que pronunciar sobre ilegalización de formaciones abertzales, no ha existido unanimidad en la decisión adoptada y la Sala, prácticamenet, se «rompió» en dos. De hecho, la votación arrojó un ajustado nueve a siete a favor de la estimación de las demandas, aunque sólo tres de los que se opusieron al criterio mayoritario emitirán votos particulares, para explicitar sus motivos por los que entienden que Sortu cumplía con todos los requisitos para la inscripción registral, y, por tanto, concurrir a los comicios, al no acreditarse la continuidad con Batasuna, por lo que, en caso de dudas, habría que inclinar la balanza en favor del derecho a concurrir a los comicios. Por ello, emitirán votos particulares a la resolución mayoritaria.
 
Ahora, Sortu recurrirá el auto del Supremo, una vez se notifique –previsiblemente, a principios de la próxima semana– ante el Tribunal Constitucional como última esperanza de participar en las elecciones del 22-M. Sin embargo, al tratarse de un recurso de amparo ordinario su resolución no goza de los plazos preferentes de los recursos electorales. De esta forma, si el Alto Tribunal lleva una tramitación «normal», como en cualquier recurso de amparo, las posibilidades de que se resuelva antes de la celebración de los próximos comicios del 22-M son son más que remota, ya que esas decisiones suelen hacerse esperar no pocos meses.

La Sala ha otorgado, según fuentes jurídicas, una especial relevancia al informe policial aportado tanto por el Cuerpo Nacional de Policía como por la Guardia Civil, en los que se concluía que Sortu no es más que «un instrumento de Batasuna» al servicio de la estrategia de la banda terrorista ETA y que su rechazo a la «violencia de ETA» no es más que aparente, pero en ningún se ha constatado un alejamiento real de la banda.

En el informe de la Benemérita se aludía a un documento de noviembre de 2010 incautado a EKIN, en el que demostraba un acuerdo secreto entre Batasuna y Eusko Alkartasuna garantiza la presencia de los proetarras en el Parlamento de Navarra y, por extensión, en las Juntas Generales de las tres provincias vascas y en los ayuntamientos de las grandes ciudades.Ese documento estaba firmado por Batasuna de Navarra en noviembre de 2010, y se trataba de la propuesta de negociación con EA, con vistas a conformar una coalición electoral.

Además, dejaba bien a las claras las intenciones y la seguridad de la formación ilegalizada sobre la representación que van a lograr gracias a sus acuerdos con EA: «Batasuna gestionará los asientos que le corresponden a Batasuna, cualquiera que sea la situación legal. La situación de legalización en la representación que se acuerda en los centros de decisión de la nueva coalición no tendrá ninguna consecuencia. Se mantendrán los cargos que le corresponden a Batasuna. En la distribución que se hace en la expresión pública, la situación de legalización no tendrá ninguna consecuencia».

«No ha soltado amarras»
Se demostraba, de esa forma, que a Batasuna no le preocupaba que la inscripción de su nueva marca electoral, Sortu, fuese rechazada por el Supremo, como así ha ocurrido, ya que contaba con un plan alternativo para ayuntamientos y otras instituciones.

En sus informes finales, tanto la Abogacía como la Fiscalía General del Estado coincidieron en sus conclusiones ante el Supremo que Sortu «no ha soltado amarras con ETA», y que es el «enésimo intento» de la banda terrorista de llegar a los comicios. El abogado del Estado, Manuel Rivero, aseguró que Sortu «sabe utilizar términos claros y fuertes cuando quieren. Y cuando no quieren o no les deja ETA, no lo hacen» y destacó que es «mentira» que hayan roto con la banda.

La Fiscalía destacaba en su demanda que la banda terrorista ETA no sólo está en el origen de Sortu, sino que también es quien la «tutela» y a quien impone las directrices que debe seguir. Su gestación contó «para su ropaje formal y configuración jurídica» con el «beneplácito» de ETA.

La defensa, por su parte, aseguró la nueva agrupación «no es pantalla de nada ni de nadie» y que será «la herramienta eficaz» para acabar con la violencia y «contribuir a la paz».