Les Corts aprueban por unanimidad abrir una investigación sobre Emarsa

VALENCIA- Después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se pronunciara sobre el caso Emarsa al anunciar que la Generalitat Valenciana se personaría en la causa, ayer fue el turno de Les Corts. Así, el Parlamento valenciano aprobó por unanimidad la propuesta del grupo popular para crear una Comisión de Investigación sobre la gestión de la empresa pública Emarsa, que está siendo investigada por un presunto desvío de fondos.
La Comisión, que estará integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios, elaborará un dictamen dentro de seis meses. La finalidad de este grupo de trabajo será, en palabras del diputado popular Rafael Maluenda, investigar «hasta las últimas consecuencias». En esta línea, subrayó que su partido quiere «transparencia», pero siempre desde «la seriedad y el rigor».
Con estos argumentos, los populares rechazaron la propuesta del PSPV de inspeccionar también los gastos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Espar), en relación a Emarsa. Además, la socialista Carmen Martínez demandó que comparezcan los consellers de Medio Ambiente desde el año 2003 y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Maluenda hizo hincapié en que el PP no tiene nada que ocultar, pero denunció que la oposición pretende mezclarlo todo para «confundir a la opinión pública» y organizar «tanganas».
Martínez, sin embargo, insistió en que no es un «caso de pillaje de una cuadrilla de aficionados», sino «uno de los principales casos de corrupción de España». El popular, en su turno, recordó que el vicepresidente de la empresa encargada de la depuradora de Pinedo era el alcalde de Albal, el socialista Ramón Marí, y que todos los acuerdos se adoptaron por decisión conjunta.
La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, exigió que la Comisión no quede en un «paripé». Para la síndica de EU, Marga Sanz, Emarsa es «el paradigma de cómo se entra a saco» en una empresa pública. Denunció que el Consell, a pesar de financiarla, nunca la inspeccionó.
El Juzgado número 15 de Valencia investiga un presunto agujero económico de cuarenta millones de euros.