Cerco al Congreso segundo asalto

MADRID- «No vale hacer pública una manifestación a través de internet o de los medios de comunicación, la Ley dice por qué cauces tienen que comunicarse». La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, recalcó ayer que la Coordinadora 25-S, artífice de la iniciativa «Rodea el Congreso» –que hoy, «23-0», celebra su tercera edición en la plaza de Neptuno–, debería haber comunicado a su depertamento en qué términos piensan ejercer su derecho de reunión.

Cifuentes respondía así a un portavoz del movimiento, que había declarado que la manifestaciones ante el Congreso convocadas para hoy y el sábado «ya eran públicas» por lo que no pensaban notificarlas a Delegación.

Sin embargo, la delegada del Gobierno recordó ayer que la ley obliga a comunicarla a su departamento con una antelación de diez días o de 24 horas si es urgente. Así, Cifuentes aclaró que, ante esta manifestación ilegal, «se aplicará la Ley».

Los efectivos policiales previstos para hoy en torno a la Cámara Baja son de unos 600 agentes de la UIP, según Efe (se esperan alrededor de 5.000 personas) y de 1.300 –al igual que el 25-S– para la manifestación del sábado de los mismos convocantes.

Y es que no se descartan incidentes protagonizados por grupos más radicales, tanto de Madrid como procedentes de otros puntos de España, como Barcelona, Castilla y León o Asturias. Algunos de estos grupos, explicaron fuentes policiales, ya participaron en las movilizaciones del 25-S, una jornada que se saldó con una treintena de personas detenidas y mas de sesenta heridos.

La marcha convocada para hoy discurrirá desde las 18.00 horas entre la Cuesta de Moyano (junto a Atocha) y la plaza de Neptuno, donde se celebrarán dos asambleas-debate. A partir de las 21.00 horas, el movimiento se propone rodear el Congreso hasta que se marchen los diputados.

La delegada del Gobierno en Madrid fue rotunda al advertir de que la Policía actuará «como lo hace siempre» para «garantizar la seguridad y el orden público, como es su deber».

Respecto a las 78 manifestaciones comunicadas para esta semana en la región, como avanzó ayer este diario, Cifuentes reconoció que «el derecho de reunión está constitucionalmente protegido y no está sometido a autorización previa. La Delegación lo único que debe hacer es garantizar que se realicen con el menor trastorno posible a los ciudadanos, que en ocasiones es complicado».