La juez deja libre al «número dos» de Fernández pese a manejar 468 millones

SEVILLA- La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos ha imputado al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá que, durante su etapa como alto cargo, se concedieron 220 ayudas sociolaborales y otras 27 ayudas directas, «lo que supuso el uso de fondos públicos» por importe de 468.015.084,66 euros de forma «indiciariamente arbitraria». Fue viceconsejero con Antonio Fernández –en prisión preventiva– entre 2004 y 2010.

Barberá acudió ayer al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La juez Mercedes Alaya le atribuyó cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial.

Tras ello, el imputado se acogió a su derecho a no declarar y se celebró una vista en la que la Fiscalía Anticorrupción no pidió su ingreso en prisión, tal y como sí hizo con el ex consejero de Empleo Antonio Fernández o el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, extremo que llevó al letrado de este último imputado a anunciar que estudia emprender acciones penales contra el Ministerio Público. Señaló que «no es justo» que, de los cinco ex altos cargos que han declarado, dos estén en prisión –su cliente y el ex consejero de Empleo– y otros tres no: los dos directores generales que sucedieron a su Guerrero –Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera– y el propio Agustín Barberá.

Asimismo, el fiscal pidió una fianza de responsabilidad civil de 624.022.000 euros, la prohibición «absoluta» de salir del territorio nacional, la retirada del DNI y del pasaporte y la comparecencia periódica ante el juzgado, petición a la que se adhirió la acusación que ejerce el PP, aunque no así la Junta, que pidió que la fianza sea de 18.820.000 euros.

La juez dictó un auto ayer mismo, en el que ordena retirar tanto el DNI como el pasaporte al imputado, al que obliga a comparecer judicialmente todos los lunes, mientras que respecto a la fianza civil pedida por la Fiscalía no se ha pronunciado aún.

La magistrada considera que, con el procedimiento específico derivado del convenio marco suscrito en 2001 –que firmaron el ex consejero José Antonio Viera y Antonio Fernández, entonces másimo responsable del IFA– y por el que se regulaban las ayudas investigadas, «a cuyo mantenimiento colaboró durante varios años» el propio Barberá, «se institucionalizaría la arbitrariedad y la desigualdad en el otorgamiento de las ayudas públicas, habiéndose producido signos ostensibles de lo anterior antes del nombramiento del imputado y a lo largo del ejercicio de su cargo».

«Al no existir ningún control sobre tales ayudas al estar huérfanas del procedimiento legalmente exigible, se permitía por Barberá un uso llamativamente abusivo en el manejo de los fondos públicos», ya que «presuntamente se regalaban las mismas fraudulentamente a determinadas personas físicas o jurídicas, que conformaban un extenso grupo, cuyos privilegios procedían de su proximidad a cargos de la Junta, a sindicatos y al PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación o conveniencia política».

Según la juez, «las consecuencias de este irregular procedimiento fueron conocidas» por el ex viceconsejero cuando la Intervención General realizó en 2005 el primer infome en el que expuso «de modo claro y contundente» la «total inadecuación del procedimiento». Barberá fue de hecho el que firmó las alegaciones a la Intervención.