En lo que se refiere al coste de las operaciones militares, un país de recursos modestos como España se vio abocado desde los dos bandos en lucha a una acelerada carrera de armamento, que hubo que adquirir y financiar en el extranjero. Hugh Thomas, en su libro «La Guerra Civil española», mencionaba en 1961 que el coste de la guerra, incluidos gastos internos y externos, pudo ascender a 30.000 millones de pesetas, aunque hacía la observación de que el principal coste real de la contienda fue la disminución de la capacidad laboral por muertes e incapacidades, y por el exilio permanente que se produjo al terminar la guerra, no integrado en esa cifra.

Eccles, como ya se ha visto, llegó a la conclusión de que la estimación más fiable de lo que la guerra estaba costando era de «mil millones de pesetas al mes», y «en ningún caso más de mil millones de pesetas al mes».

Posteriormente, en 1963, la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico de la Presidencia de Gobierno presentó el Plan de Desarrollo para el período 1964-1967. Su introducción comenzaba con una breve, pero muy precisa, descripción de los efectos que había tenido la Guerra Civil en la economía nacional.

En primer lugar, declaraba que durante la contienda la población activa disminuyó en medio millón de hombres. Recordaba que se habían producido graves destrucciones y cuantiosos daños materiales en viviendas, ferrocarriles y carreteras. A todo ello, la Comisaría añadía los graves daños ocasionados en la agricultura y en la industria, de cuya importancia daba idea el acusado descenso que habían experimentado las respectivas producciones en ese período.

La Comisaría añadía que se despojó al país de 510 toneladas de oro, parte en lingotes y en monedas de 16 países distintos. Y añadía que los gastos militares de ambos ejércitos rebasaron en pesetas de 1963 los 300.000 millones.

La destrucción del «stock» de capital fue muy importante. Según la Comisaría de los Planes de Desarrollo, medio millón de viviendas destruidas o dañadas y 225.000 toneladas de la flota mercante hundidas, con una pérdida de la capacidad de transporte del 22%. La mitad del parque móvil ferroviario desapareció. Las redes de carreteras y ferrocarriles se vieron notablemente afectadas.

En total, los daños causados en bienes inmuebles ascendieron a 4.250 millones de pesetas (Thomas, 1979). Los bienes de equipo también sufrieron un alto desgaste producido por la falta de nuevas inversiones y por la intensificación del ritmo productivo.

(...) En su investigación de la crisis de la agricultura durante los años cuarenta, Barciela (1986) sostiene que los daños de guerra no fueron tan catastróficos como la propaganda oficial mantuvo hasta bien entrados los años sesenta. Así lo confirman las evaluaciones hechas por el Servicio de Recuperación Agrícola, que, en su memoria sobre daños de guerra, registraba una reducción del 21,5% en cultivos herbáceos, del 8,3% en viñedos, del 5,3% en olivar, del 6,3% en frutales varios, del 26,6% en ganado de labor y del 19,3% en ganado de renta.

Los daños producidos por la destrucción y el deterioro de maquinaria y material agrícola, útiles y aperos se valoraban por dicho servicio en 60 millones de pesetas y los daños totales de la agricultura, en 1.350 millones (Barciela, 1986).

Barciela recordaba que las regiones más críticas desde el punto de vista agrícola, aquellas que desde el comienzo de la sublevación militar estuvieron en la zona nacional, no se vieron afectadas de ninguna manera por la guerra, o lo hicieron de forma muy limitada. Y que en las zonas agrícolas republicanas la producción, a pesar de las graves dificultades derivadas del aislamiento exterior en que se desenvolvió la República, mostró una indiscutible vitalidad. Tan sólo en lo relativo a las pérdidas de ganado de labor pudo existir un momentáneo déficit, poco importante.

Concluyendo que, para explicar la grave situación de la agricultura después de acabar la guerra, en los ámbitos oficiales se fue elaborando un conjunto de razones de las que las más importantes eran las destrucciones bélicas, la falta de ganado de labor, la escasez de fertilizantes, la falta de maquinaria, la pertinaz sequía, e incluso las acciones de los maquis.

Sin embargo, para Barciela (1986), y tal como trata de demostrar en su investigación, la causa esencial, aunque no exclusiva, de esa situación, fue la propia política agraria de los sucesivos gobiernos franquistas, que fueron fuertemente intervencionistas y de signo autárquico, inspirados en los modelos de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Ello supuso la intervención de la producción, de la comercialización y del consumo de productos, así como la ausencia de una política estructural que pusiera a la agricultura española en la línea de mejorar las condiciones en las que se desenvolvía.

En lo que se refiere a la industria, la producción minera y siderometalúrgica de 1936, en el total de España, se situó en el 50% de la de 1935, para seguir su desplome durante 1937 hasta caer a cerca de un tercio del nivel prebélico. Inició la recuperación en 1938 (66% de 1935) y 1939 (77%), y acabó en 1940 a un nivel inferior en un 15% a la de 1935.

Otras actividades como el sector textil tuvieron mejor comportamiento. Con todo, el conjunto de la industria evolucionó negativamente. Según Carreras, la producción industrial española per cápita no se recuperó hasta 1951.

En cuanto a la construcción, y a la vista de la producción de cemento, se produjo una importante caída en 1936 (para situarse en el nivel del 34%) y 1937 (29%). En 1938 se situó en el 47%, en 1939 en el 91% y en 1940 en el 117%. El conjunto del sector secundario tuvo siempre un comportamiento negativo sobre las cifras prebélicas. Por su parte, el sector terciario siguió la tónica de la media de los otros dos sectores.

FICHA

Título del libro: «La financiación de la Guerra Civil española».
Autor: José Ángel Sánchez Asiaín.
Edita: Crítica.
Sinopsis: estudio sobre las finanzas de la Guerra Civil y las consecuencias de un conflicto en la economía española escrito por quien fuera catedrático en Hacienda Pública y presidente del Banco Bilbao Vizcaya.