El convenio del IFA buscaba acogerse al derecho privado

El secretario provincial del PSOE en Sevilla, José Antonio Viera, defendió ayer su gestión al frente de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico durante los años 2000 a 2004.

El secretario provincial del PSOE en Sevilla, José Antonio Viera, aportó una declaración notarial de su cuñado
El secretario provincial del PSOE en Sevilla, José Antonio Viera, aportó una declaración notarial de su cuñado

Lo hizo arropado por los dirigentes de su partido en la capital andaluza –como los alcaldes de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, el presidente de la Diputación provincial o el portavoz socialista en el Ayuntamiento– y argumentando que el dinero destinado a las empresas en crisis era tan legítimo como «el de educación, sanidad o servicios sociales».

Fue en 2001 cuando por decisión suya se firmó el convenio de colaboración con el Instituto de Fomento de Andalucía que permitió vehicular las ayudas a empresas en crisis a través de esta sociedad instrumental. Según el informe de la Policía sirvió para que la Dirección General de Trabajo dispusiera de 647 millones de euros entre 2001 y 2009 «sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello». Viera admitió que ese acuerdo permitió acogerse al derecho privado –más laxo que el administrativo– aunque señaló que el fin último era dotar de «agilidad» a la concesión de ayudas. Sin embargo, no supo cuantificar qué plazos acortó la medida.

Como ha hecho el Ejecutivo andaluz, señaló que la responsabilidad exclusiva en la gestión de los fondos fue del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, al que los «agentes económicos y sociales» le recomendaron que continuara en la Consejería.

Otra de las líneas de defensa que utilizó es que las cuantías destinadas a las empresas se ceñían a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, cuando el juzgado de instrucción investiga las partidas destinadas desde el año 2001. Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, exigió a Viera que dimita «de manera inmediata», puesto que «participó en un ERE presuntamente irregular y benefició a un familiar con prebendas exclusivas que no se daban a otros trabajadores». Sanz criticó que, habiendo expulsado la dirección del PSOE a Javier Guerrero –que denunció la existencia de «fondos de reptiles» en la Consejería de Empleo– sin estar imputado, «debería hacer lo mismo con Viera». Por tanto, señaló que Guerrero es un «chivo expiatorio» y que el secretario provincial de los socialistas sevillanos «debe explicar cuáles son los compromisos a los que llegó con su cuñado».