En estos momentos, se encuentra en una encrucijada histórica. La imprevisión del Gobierno y la dureza de la crisis han abocado a la Sanidad española a un camino sin retorno que conduce a un escenario radicalmente diferente del actual. Puede que se supriman prestaciones, que aumente el copago por servicios o medicinas, o que las innovaciones terapéuticas se introduzcan mediante cribas mucho más duras. Aún se ignora. De lo que no cabe duda es de que nada va a ser como hasta ahora y de que se avecinan cambios trascendentales motivados por la agobiante falta de fondos. En esta tesitura, sorprende la pérdida de peso específico que está experimentando el Ministerio de Sanidad. Pérdida frente a otros ministerios, frente a las autonomías y frente al propio sector. Una pérdida, en definitiva, que fue especialmente intensa en tiempos de Bernat Soria; se redujo en parte en la etapa de Trinidad Jiménez, y ha vuelto a acentuarse ahora bajo el mandato de Leire Pajín.

Llama la atención que con la que está cayendo, la ministra y sus lugartenientes pierdan el tiempo con leyes absurdas y descafeinadas como la de Salud Pública, previo cese del director general que elaboró el texto, la de la muerte digna (¿es que los pacientes fallecen ahora de forma indigna?) o la de Igualdad de Trato. El caso de esta última norma es especialmente singular del desvarío desatado en Sanidad al acumular las competencias de Política Social e Igualdad. Porque, puestos a hablar de desigualdad de trato, la ministra podría echar una mirada por el sistema sanitario que regenta. El Consejo Económico y Social (CES) ha elaborado un interesante informe en el que se constata que en España se han consolidado pacientes de primera y de segunda categoría, con derecho a diferentes prestaciones, en función del lugar en el que residan o reciban la asistencia. Mientras el Ministerio se entretiene en bagatelas, la crisis corroe los cimientos del sistema y ninguno de los altos cargos actuales parece percatarse de ello.