Violencia política por José María Marco

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El apretado veredicto del Tribunal Constitucional a favor de la legalización de Sortu, la organización política de ETA, cuenta con un argumento poderoso: es mejor la política que la violencia. Ése es el fondo del razonamiento con el que se intentará, y se logrará, que la legalización sea considerada un avance en el camino hacia el fin del terror nacionalista. Como la sociedad española no admite ya la violencia terrorista, como ya no hay atentados, como hay una tendencia lógica al perdón entre algunas de las víctimas, parece que la senda está trazada de antemano y que la sentencia del Tribunal Constitucional es lo esperable y lo lógico en estas circunstancias.

Es al revés. Todo esto debería haber llevado al Tribunal a tener en cuenta, como argumento de fondo, que Sortu no ha condenado la violencia. El Tribunal Constitucional no está llamado a realizar una evaluación política o histórica acerca de las intenciones de los miembros de Sortu. Ése no es su papel. El fondo del problema es la relación existente entre Sortu y la violencia. Esa relación sigue intacta, en los mismos términos que durante décadas han hecho posible el terror. Eso sí, la sentencia de un Tribunal Constitucional en trance de renovación es coherente con la anterior sobre Bildu. Es posible incluso que el Tribunal considere que lo ocurrido desde que se mostró favorable a la legalización de Bildu refuerza su posición.

Lo cierto es que lo que empezó a cambiar entonces, ahora se ha reforzado y consolidado. Al respaldar la legalización de Sortu sin que haya condena de la violencia, el Tribunal Constitucional acaba de dictaminar por segunda vez que la violencia no es rechazable ni descartable en una democracia. El éxito de la sociedad española en la lucha contra el terrorismo, un éxito en el que ha habido que remontar sufrimientos y dificultades sin cuento, consistía en que los nacionalistas vascos sabían que los atentados ya no son aceptables, que la violencia acababa antes con quien la utilizaba que con aquellos contra quienes iba dirigida.
Ya no es así. En nuestro país no hace falta condenar la violencia para formar parte de la democracia liberal. Igual de aceptable es condenarla como no condenarla. Más aún, lo que se insinúa aquí es que si esa violencia tiene efectos políticos, habrá de ser considerada de una forma distinta. La política permite prescindir de la moral común. Al final, los etarras habrán tenido razón, lo que pone en dificultades a quienes, aunque dispuestos a aceptar la situación actual, han sido las víctimas de los etarras y no han caído nunca en la tentación de recurrir a la violencia para tomarse la justicia por su mano. Quizás es ese el objetivo último de una sentencia puramente política.