Un «post-it» y no el BOJA autorizó ayudas del «fondo de reptiles»

SEVILLA- «Un post-it». Un cuadrado amarillo de papel autoadhesivo de 7,6 centímetros constituía un expediente administrativo que permitía librar cantidades del «fondo de reptiles». Es la denuncia que hizo ayer pública el presidente del PP-A, Javier Arenas, en un acto electoral de su partido en Marbella (Málaga).

El hecho constituye un ejemplo de la falta de control que existía en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. El convenio suscrito el 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) permitió obviar el procedimiento administrativo establecido, situación que denunció hasta en siete ocasiones en sus informes anuales la Intervención General de Hacienda. El ente instrumental era el que tramitaba las subvenciones, aunque era el centro directivo el que firmaba los convenios con los beneficiarios. Una simple orden al IFA de su responsable, el ex director general Francisco Javier Guerrero –imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias–, era suficiente para el pago de las ayudas, que no se publicaban en el BOJA. Así se han gastado más de 647 millones entre 2001 y 2010.

El papel que exhibió el PP es revelador: «Convenio IFA para dar subvención en concepto de Feria igual que en otros casos similares». En el encabezamiento aparece el nombre del responsable: «Director de Trabajo. Francisco Guerrero».

La partida «31L» no sólo sirvió para financiar ERE, sino que también se utilizó para sufragar los gastos de ferias comerciales organizadas por ayuntamientos. En total fueron 13: todos estaban gobernados por el PSOE y la mayoría de ellos pertenecían a la provincia de Sevilla –10, por dos de Cádiz y uno de Jaén–. La cantidad final ascendió, según ha reconocido el consejero de Empleo Manuel Recio en el Parlamento de Andalucía, a 3,3 millones de euros.

No sólo consistorios se beneficiaron de ayudas otorgadas sin publicidad y libre concurrencia. Hasta 130 ayudas por casi 87 millones de euros se adjudicaron de manera directa gracias a convenios amparados por la Consejería de Empleo.

Un reciente auto de la juez Mercedes Alaya ordena investigar varias de estas ayudas. En el caso de las administraciones locales, señala una subvención de 901.518,16 euros para el Ayuntamiento de Los Palacios; otra de 871.467 para el de Santiponce; a una sociedad de desarrollo local de El Pedroso se le asignaron 901.518 euros, de los que 50.000 «supuestamente» no llegaron a su destino. Los municipios de Guadalcanal, Alcolea del Río o Chiclana de la Frontera también forman parte de ese grupo de 13 ayuntamientos que contaron con financiación del «fondo de reptiles».

Desde Marbella, Arenas denunció que la Junta está «arreglando» expedientes y que en muchas de las ayudas concedidas del fondo para empresas en crisis «no había intervención jurídica ni participación de funcionarios ni de la Intervención» y manifestó que cada vez que los abogados de su formación estudian más este caso, «más se escandaliza uno».

En declaraciones recogidas por Ep, el presidente del PP-A acusó al Ejecutivo andaluz de estar intentando «obstruir» la investigación por parte de los tribunales, «ralentizando todo el proceso y enviando documentación descoordinada», lo que supone «todo lo contrario» de lo que debería hacer un gobierno democrático.