«Caso Faisán»: cinco años sin culpables

El «caso Faisán» nació con una investigación en 2006 sobre la red de extorsión etarra cuyo epicentro era el bar del mismo nombre de la localidad guipuzcoana de Irún. El famoso «chivatazo» el 4 de mayo de ese año provocó un retraso en la operación policial contra el entramado de chantajes etarra (hasta el 20 de junio) y que el caso del soplo se desligase de la causa principal y fuera instruida en un sumario diferente, aunque estuviera todo relacionado.

 
 

Además, otro hecho que demoró la macrooperación (en Francia y España) fue el envío de la documentación del caso a la jueza antiterrorista francesa Laurence Levert en castellano, cuando debería haber sido en francés.

Casi cinco años después y con numerosas responsabilidades por depurar, todos los implicados están en libertad, aunque algunos estuvieron en prisión temporalmente. Curiosamente, y pese al «chivatazo», ningún implicado huyó y pudieron practicarse las detenciones y encontrar pruebas en contra del «aparato de extorsión». Aun así, quedan aspectos por esclarecer, como el hecho de que uno de los detenidos aquel 20 de junio, José Luis Cau, presuntamente vigilado, cruzara en varias ocasiones la frontera sin problemas días antes de la operación.

Muchas son las piezas clave en este caso reabierto ahora por el juez Pablo Ruz. Y muchas las versiones de los imputados, procesados y testigos. Pero, de momento, sólo hay encausados. Nada más. Todo se divide en dos partes:

1. La red de extorsión etarra.
La operación se llevó a cabo el 20 de junio de 2006. En un primer momento fueron arrestadas 12 personas (5 en España y 7 en Francia), aunque posteriormente fueron más los detenidos. Entre ellos se encontraba uno de los supuestos cabecillas, Angel Iturbe, o uno de los históricos fundadores de ETA, Julen Kerman de Madariaga.
El juez Baltasar Garzón procesó a 24 personas en 2008, entre las que había dirigentes etarras, como Soledad Iparaguirre («Anboto»), y el dueño del bar Faisán, Joseba Imanol Elosúa, quien parece ser que dirigía la trama. Todos estaban acusados de integración o colaboración en organización terrorista y amenazas, mientras que el magistrado retiraba las imputaciones y las medidas cautelares a once procesados, entre los que estaban el fallecido ex dirigente del PNV Gorka Aguirre o Pablo Muñoz, ex director del diario «Egin».
Pero, a fecha de hoy, ninguno ha sido condenado. Únicamente cinco de los etarras cumplen prisión por otros delitos anteriores. Cuatro en cárceles francesas (Iñaki Arietalianiz, Pedro Esquisabel, Zigor Merodio y Joan Salaberría) y uno en La Coruña (Asier Mardones). El resto esperan sentencia.

2. El «chivatazo».
En la actualidad, tras reactivar el caso el juez Ruz (que toma el testigo del caso por la suspensión temporal de Garzón), están imputados dos agentes y un ex director de la Policía, aunque han sido investigados otros policías que tuvieron un papel importante durante y después del soplo. Incluso alguno de los que el fiscal llegó a sospechar fue condecorado, un hecho que no estuvo exento de polémica. Aquí, los nombres relevantes son:

Víctor García Hidalgo: el primero de los imputados y uno de los principales. En el momento de la operación era director de la Policía. A los pocos meses, en septiembre de 2006, fue destituido de su cargo. La investigación dirigida por Carlos Germán (jefe de la investigación) le señala como la persona que ordenó avisar a ETA de que se fraguaba una operación. En la actualidad es el secretario de organización de los socialistas alaveses. Entre los delitos que se le imputan están la revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigado con hasta diez).

José María Ballesteros: otro de los «marcados» e imputados. La misma investigación afirma que, bajo mandato de Enrique Pamiés (jefe superior de Policía del País Vasco por aquel entonces), Ballesteros, que era inspector en Vitoria, habría dado su teléfono móvil al dueño del bar. El número desde el que supuestamente se dio el soplo.

Enrique Pamiés: al jefe superior de Policía del País Vasco la investigación de Germán le marca como la persona encargada de hablar con Elosúa y avisarle de lo que se gestaba. Él sostiene que no fue quien dio el «chivatazo» y aseguró al juez que la presencia de Ballesteros en Irún y las llamadas que cruzaron están relacionadas con un confidente en ETA con el que se tenía que entrevistar ese día.

Pero, además, hay otros nombres destacados en el caso:

Joseba Imanol Elosúa:
procesado en relación con la trama de extorsión. El dueño del bar es otra de las piezas clave al ser él quien, supuestamente, recibió el «chivatazo». Se le considera uno de los cabecillas de la red de extorsión.

José Cabanillas:
era el comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia. Comunicaba al juez las novedades de la investigación y fue quien le avisó con retraso del «chivatazo», debido a que Carlos Germán (jefe de la investigación) le informó un día después.

Carlos Germán:
era el jefe de la investigación. Después en Asuntos Internos, se le encargó investigar el «chivatazo» y en sus informes acusa a dos compañeros del Cuerpo y al ex director general de la Policía. El año pasado fue ascendido a comisario y está destinado en la Comunidad Valenciana. José Cabanilla le acusó de poner trabas a la investigación y de intentar borrar una prueba clave.

Telesforo Rubio: era el comisario general de información, después pasó a ser subdirector del Gabinete Técnico de la Policía y ahora es agregado del Ministerio del Interior en Moscú. Esta misma semana ha declarado como testigo en el caso, algo que ya hizo sobre la parte secreta. Fue quien ordenó informar al juez de que se había producido un soplo ante la inminente operación policial tras ser alertado por los investigadores. Según su última declaración, no recuerda que Carlos Germán pidiera a sus superiores borrar la conversación en la que el dueño del bar Faisán admitía haber recibido un «chivatazo».