Teddy Bautista se enfrenta a diez años de prisión

Teddy Bautista se enfrenta a imputaciones que suman hasta diez años de cárcel por su presunta responsabilidad en la trama fraudulenta que ha puesto a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra las cuerdas. Tras declarar durante cuatro horas ante el juez Pablo Ruz, el presidente de la entidad salió ayer de la Audiencia Nacional en libertad, pero con una pesada losa sobre sus espaldas, puesto que el magistrado le imputa un delito continuado de apropiación indebida de especial gravedad (en función de las cantidades presuntamente defraudadas) penado con un máximo de seis años de cárcel, otro de administración fraudulenta (castigado con hasta cuatro años de prisión) y un delito societario (por el que podría ser condenado, llegado el caso, hasta a doce meses de multa). En este último caso se trata de negar o impedir a los socios «el ejercicio de los derechos de información y participación».

Medidas cautelares
A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que no solicitó el ingreso en prisión de Bautista al no apreciar riesgo de fuga, el instructor ha prohibido al presidente de la SGAE salir de España sin autorización y le ha obligado a entregar su pasaporte y a facilitar un domicilio y un teléfono (para realizar las oportunas notificaciones a lo largo del proceso). Eso sí, le advierte de que, en caso de incumplir alguna de esas medidas, su situación procesal puede empeorar hasta el punto de acordarse su ingreso en prisión. De los mismos delitos (salvo el societario) han sido imputados Ricardo Azcoaga, director general de la SGAE, y Enrique Loras, responsable financiero de la entidad, que al igual que Bautista quedaron ayer en libertad provisional con idénticas medidas cautelares.

Lo mismo sucedió con Celedonio Martín, director financiero de Microgénesis (la empresa supuestamente utilizada por la filial digital de la SGAE para desviar los fondos de la entidad), y Elena Vázquez, accionista mayoritaria de la citada sociedad (a quien, además, se le acusa de un delito de alzamiento de bienes). Vázquez es cuñada del presunto responsable de la trama, José Luis Rodríguez Neri, director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), a través de la cual se habrían canalizado el desvío de los fondos. Rodríguez Neri declarará hoy ante el juez Ruz, al igual que otros, tres detenidos, entre ellos su esposa, María Antonia García Pombo, también relacionada con Microgénesis.

Larga jornada en la Audiencia
En su resolución, el juez da a conocer que, además del bloqueo de cuentas, ha prohibido a determinados imputados «disponer de propiedades mobiliarias e inmobiliarias». Además, el juez Ruz ha solicitado información a organismos públicos y privados sobre las actividades de la SGAE. La jornada en la Audiencia Nacional fue maratoniana. ¿Qué ocurre un domingo de julio a las 9:30 de la mañana en una céntrica calle de Madrid? Habitualmente, poca cosa, pero ayer, en Génova, entraba a la Audiencia Nacional, un dispositivo formado por tres vehículo, cinco de los nueve imputado en la «operación Saga», entre ellos, Teddy Bautista. Apenas un esbozo tras la ventanilla del coche. Era la primera foto del día. La consiguieron los más madrugadores. Las declaraciones ante el juez, sin embargo, no comenzaron hasta las doce aproximadamente.

El primero en dar su testimonio fue Azcoaga. Y antes de la hora de la comida ya había pasado ante el magistrado Enrique Lora y había comenzado el turno de Bautista. Si es habitual ver pasar ante la Audiencia Nacional a los abogados y representates de los imputados, la tranquilidad de ayer en los aledaños del edificio era extraña y algo engañosa: hubo falsas alarmas cuando algún funcionario judicial se escapó a tomar un café y tan sólo un representante legal de SGAE salió del eficio pasado el mediodía, aunque a toda prisa y sin querer hacer declaración alguna. Con la prensa a la espera dentro y fuera de la Audiencia Nacional fue avanzando la tarde con noticias confirmadas por fuentes no oficiales: primero, que Azcoaga salía en libertad. Después, un rumor insistente: libertad con cargos para todos. Pero aún seguía declarando Teddy, habían pasado ya las siete de la tarde y la cosa iba para largo.

Prisas y sorpresa
Sin previo aviso, llegaron las carreras, las prisas y la sorpresa: Bautista, Azcoaga y Lora, sin querer decir ni palabra, subieron a un vehículo rodeados de Policía Nacional y se marcharon dejando atrás un enjambre de fotógrafos. Era la segunda imagen del día. A las 19:45 seguían declarando ante el juez Elena Vázquez y Celedonio Martín. Fueron los últimos en abandonar la Audiencia Nacional, también en libertad. Han sido unos días muy largos para Bautista, cuando la Guardia Civil llegó a la sede de la entidad, la cúpula de SGAE aún no se había recuperado del recuento electoral, que acabó bien entrada la madrugada. Por primera vez una candidatura, la encabezada por José Miguel Fernández-Sastrón, parecía suponer una opción precupantes para los hombres de Teddy, que llevan al frente de la entidad desde 1983.

El principal tema de la campaña electoral ha sido el faraónico proyecto de Arteria, que ha convertido a SGAE en propietaria de un circuito de exhibición teatral y musical en las principales capitales españolas y en otras grandes ciudades de Iberoamérica. Sin embargo la chispa judicial saltó por otra de las patas de la gestión de Bautista, el entramado de empresas que dependen de una entidad sin ánimo de lucro como es la SGAE. La denuncia que dio origen a la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción describe cómo de SDAE, la sociedad creada por la entidad para gestionar los derechos de autor digitales de sus socios, tiene entre sus principales proveedores a Microgénesis, una empresa que es propiedad de José Neri, precisamente el responsable de SDAE designado por Bautista. Según fuentes judiciales, es a través de los servicios no prestados por esta empresa cómo se produce la mayor parte del desvío de dinero que lleva meses investigandose desde la Fiscalía Anticorrupción.

De la teoría de la conspiración a los «daños y perjuicios»
Al menos públicamente, la primera reacción de la nueva Junta Directiva, que tiene mucho de vieja, fue aplicar una teoría de la conspiración: una mano negra había orquestado toda la operación. Se sospechaba de la presencia de fotógrafos en las inmediaciones de la sede el pasado viernes aún antes de que llegara la Guardia Civil y de la filtración de la detención. Todas las manifestaciones públicas de sus miembros suponían cerrar filas de manera contundente. Especialmente beligerante se ha mostrado Caco Senante, el cantautor que muchos señalan como delfín de Bautista. Ha llegado a declarar que el presidente del consejo de dirección de la entidad «será elegido esté imputado o no». Cuando finalmente el juez le dejó marchar con cargos aseguró a Ep que «han salido en libertad con cargos porque después de toda la parafernalia del viernes sería admitir que fue un tremendo error hacer esa operación de esa manera».

Mientras tanto un comunicado oficial de la entidad era mucho más taimado. Destacaban que la sociedad «ha puesto todo su empeño en colaborar activamente con la Justicia para el rápido esclarecimiento de los hechos», pero también dejaban la puerta abierta a pedir responsabilidades si se confirma que los hechos imputados acaban siendo ciertos: «En el caso de que se demuestre que la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática, adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios de aquellos». No hay que olvidar que Microgénesis, la empresa regentada por Neri, responsable de SDAE era uno de los proveedores informáticos de la entidad. Frente a la postura oficialista, algunos de los nuevos nombres de la Junta prefieren que las circunstancias se aclaren antes de comenzar este nuevo mandato bajo la sospecha de los socios.