El viceconsejero Mañas sabía de los «intrusos» que Fernández «amparó»

Sevilla- Para el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el ex consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández –en prisión desde el 24 de abril acusado de cohecho, prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios– «conoce y ampara todas las actuaciones realizadas tendentes a la inclusión» de dos «intrusos» en las pólizas del expediente de regulación de empleo (ERE) de Calderinox. Y ello, «sabiendo que los mismos nunca» habían «trabajado en la empresa».

Se trata del ex delegado de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, incluido cuando el ex director general de Trabajo Juan Márquez recibió «presiones» del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y del ex diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz –los tres imputados en la causa–; y de Antonio Fernández Garzón, quien según la juez que instruye el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, fue incorporado «por su condición de afiliado al sindicato CC OO», tomador de la póliza.

Según consta en el informe ampliado de la UCO sobre Calderinox, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Fernández declaró no ser «conocedor» de la colocación de Rodríguez Cordobés ni de la de Fernández en el expediente de Calderinox. Si bien, matizó «no observar ningún inconveniente» a la suma de ambos en la póliza de los ex trabajadores de la empresa, en el caso del último si «cumplía los requisitos». Para los investigadores, al ex consejero «no le importan las vulneraciones de la legislación vigente» cometidas para poder hacerlo, como el hecho de que autorizara la ayuda el ex director general de Trabajo –Márquez–, pese a que según la ley la persona competente para hacerlo, fuera «el titular de la Consejería»; que no exista la pertinente solicitud de los interesados para iniciar el procedimiento ni «la documentación exigida»; o que en el expediente no haya «ningún documento» de control a las ayudas públicas, como establece el Decreto 254/2001.

A juicio policial, «no es creíble» que Fernández desconociera «la inclusión de intrusos cuando los empleados de la Dirección General de Trabajo –como la ex asesora imputada María José Rofa–, el director general de Trabajo, el responsable de la mediadora –José González Mata, de Uniter– y el tomador de la póliza –CC OO–» sí eran «conocedores».

Del informe de los investigadores se desprende, asimismo, que el ex viceconsejero de Empleo de 2010 a 2012, Justo Mañas, a quien Alaya no imputa ningún delito por el momento, tampoco era ajeno a los «intrusos» en el expediente de la citada sociedad. Los agentes de la UCO se refieren a él para aseverar que, según el testimonio de Rofa, sabía de «la forma y los motivos de la inclusión del ‘intruso' Juan Rodríguez en la póliza de Calderinox». Una inserción que se debió a un «compromiso personal» de Díaz y de Rivas. Rofa señaló un tercer «intruso» de Calderinox, Ángel Flores, añadido tras una llamada del sindicalista Enrique Manuel Jiménez (CC OO), al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera –ambos imputados–, «diciéndole que habían dejado fuera» de las prejubilaciones «a uno de los suyos».