El enviado de Chávez de gira vasca tras siete meses sin detener a Cubillas

En esa petición, el Ministerio Público rechaza de plano que el hecho de que Cubillas tenga ahora nacionalidad venezolana sea motivo para rechazar de antemano su entrega a la Justicia española, tal como ya ha adelantado la Fiscalía de ese país, para que responda por los delitos de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y conspiración para cometer atentados terroristas, por los que fue procesado.

El Ministerio de Exteriores comunicó ayer a la Fiscalía que Cubillas es ciudadano venezolano, trabaja desde octubre de 2007 como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras y que, hasta ahora, no ha tenido efecto «la orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional». Una vez recibida esa comunicación, se remitió de forma inmediata un escrito al juzgado para que inste al Gobierno a pedir su extradición. La nacionalidad de venezolano de Cubillas no puede ser un «obstáculo» para su entrega a España, ya que, según el tratado bilateral firmado entre Venezuela y España, el rechazo por ese motivo «es potestativo y no preceptivo». En todo caso, Venezuela estaría obligada a «cumplir el compromiso de perseguir tan graves actos criminales» si no se accediese a la extradición por esa causa.

En el auto de procesamiento que dictó el juez Velasco, se destacaba que Cubillas era el «responsable del colectivo de ETA en Venezuela, participó de forma decisiva en la intensificación de contactos entre ETA y las FARC, abarcando tales contactos la realización de cursos de adiestramiento militar a miembros de ETA en la selva colombiana, y como contrapartida, la organización terrorista ETA se comprometía a la localización en España de objetivos de acción terrorista por parte de las FARC».

El paso siguiente será que el citado magistrado acuerde esa petición, lo que se prevé de forma inmediata. Esa resolución se la comunicará al Ministerio de Justicia, quien la trasladará al Consejo de Ministros. Una vez que se dé el visto bueno, corresponderá al Ministerio de Exteriores cursar oficialmente la petición de extradición ante las autoridades venezolanas previo envío de la misma a la Embajada en Caracas por valija diplomática.

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, adelantó ayer en la Comisión de Interior del Senado que el Gobierno pedirá la extradición de Cubillas «al día siguiente» de que lo ordene el juez Velasco. Precisamente ayer, el representante de Chávez en Madrid, Isaías Rodríguez, empezó una gira por el País Vasco cuando aún colean sus insinuaciones sobre torturas.

Aunque luego matizó sus palabras, el embajador bolivariano dijo tener «serias dudas» de que las declaraciones de los etarras sobre su adiestramiento en Venezuela fueran «voluntarias».

Rodríguez se reunirá con todas las fuerzas políticas excepto el Partido Popular. El Partido Socialista de Euskadi ha dejado solo a Basagoiti en su determinación de no recibir al enviado de Chávez.

Según fuentes diplomáticas venezolanas, el embajador se verá hoy con el secretario de Organización del PSE, Alfonso Gil, después de su visita a la Cámara de Comercio. El lendakari,según las mismas fuentes, no estará por «problemas de agenda».

La ruta del ex fiscal general venezolano acaba el viernes con un encuentro con el alcalde de Gernika, de Eusko Alkartasuna. Antes dará la mano a los máximos responsables del PNV, Iñigo Urkullu, y de Aralar, Patxi Zabaleta. También tiene previstas citas con «grupos de solidaridad con procesos de izquierda», informaron en la legación diplomática.


Rodríguez, el fiscal que desató la caza de brujas y amañó un testigo falso

Isaías Rodríguez no es sólo un embajador controvertido. Su paso por la cúspide de la Fiscalía venezolana, tras salir en defensa de Chávez en el golpe de 2002, ha dejado una polvareda de testimonios confusos y pruebas dudosas. Todo amañado, según los medios opositores, para castigar al antichavismo. El caso más sangrante fue la confusa investigación sobre el asesinato del fiscal (chavista) Danilo Anderson, cuyo Toyota saltó por los aires en 2004 en Caracas. Anderson investigaba por entonces los crímenes ocurridos durante la asonada de 2002 y había abierto un proceso contra centenares de opositores. Rodríguez comandó la investigación. Tras hallar a los «presuntos» asesinos de Anderson, la investigación se amplió en busca de los autores intelectuales, desatando una auténtica caza de brujas contra el antichavismo.

En 2005, la Fiscalía presentó la declaración de Giovanni Vásquez, un ex paramilitar colombiano (con nacionalidad venezolana y antecedentes penales) implicando a relevantes opositores. Su testimonio varió en numerosas ocasiones y los medios opositores probaron que no pudo reunirse con miembros del antichavismo para planear el atentado, ya que en esas fechas estaba preso en Colombia. Según estos medios, el fiscal general lo sabía. Pese a todo, Rodríguez lanzó una cacería contra opositores destacados, como Patricia Poleo, premio Rey Juan Carlos de periodismo. La polémica que ha levantado podría llevarle de vuelta a Caracas, al Tribunal Supremo.