Una muerte anunciada

La semana pasada se ha vivido un nuevo capítulo en torno a la violencia de género que genera un cierto grado de hartazgo, y sobre todo de resignada desesperación. En unas declaraciones, seguro que bien intencionadas, se expresaba que los GPS que vigilan los pasos de los agresores de mujeres no están teniendo éxito, puesto que de los 3.000 dispositivos que el Ministerio de Justicia dispone, sólo se encuentran en activo 369, dejando caer que este escaso uso se debe a que pueden ser la policía y los jueces los posibles responsables de la escasa implantación de las pulseras. Eso sí, se terminó diciendo que «en ningún caso hay que culpar a las autoridades judiciales», «pero hay diferencias de carácter individual entre los jueces». Los jueces hemos rechazado esta llamada de atención, y se ha explicado que en muchas ocasiones es la insuficiencia de datos y la carencia de elementos justificadores lo que impide al juez imponer la pulsera, pero como ha señalado Antonio García, portavoz de la APM, «No es por dejadez, desidia o capricho. No hay juez que evite tomar todas las medidas de seguridad». No es mi intención hacer un juicio de responsabilidades, pero de entrada cuando en esta materia se hacen declaraciones públicas, y máxime si hablamos de los máximos responsables, se debe hacer sobre todo con mucha responsabilidad y gran prudencia. Cuando nos enfrentamos a una violencia como la que se genera en las relaciones familiares, sentimentales y en especial las de género, la mejor palabra es la que está por decirse, y la peor de las acciones la que no se ha llevado a cabo. Es un error de concepto relacionar el uso de pulseras con el arbitrio judicial, puesto que se confunden aspectos técnicos y jurídicos; la respuesta judicial siempre ha de ser diferenciada y adaptada a cada caso, con los datos que se hayan aportado o se conozcan, y siempre respetando las garantías procesales. No se puede tratar la acción judicial como una mera estadística, como un mapa de riesgos, porque de esto, los que sabemos algo, podemos contar muchas cosas. La polémica se debe zanjar para siempre, y cuando se produce una muerte por violencia de género, no se debe comenzar con una escalada de imputaciones entre responsables públicos, porque esto ya se hizo en su momento y no funcionó. Si la violencia de género fuera una violencia organizada, ante este tipo de polémicas, los delincuentes estarían encantados, puesto que hacen más débil al sistema, y más fuerte al agresor. Pero si nos retrotraemos unos pocos años, encontramos el origen de este problema; antes de ser aprobada la ley de violencia sobre la mujer, cada vez que una mujer era asesinada, asociaciones, políticos, etc., salían a la calle a manifestarse contra el sistema, y sobre todo contra los jueces, la policía y el gobierno de turno, queriendo atribuir la muerte al propio sistema. La ley se presentó con un carácter taumatúrgico, absolutamente infantil y falto de seriedad, se quiso convertir en una solución en sí misma, a la vez que instrumento para erradicar esta lacra social; se crearon los polémicos juzgados de violencia, se hicieron añicos principios dogmáticos en materia penal sedimentados a lo largo de muchos años, algunos inexplicables en aquel momento e inexplicados en éste, y se trasladó a la sociedad la sensación de que el problema ya estaba solucionado. Pero no es así, seguimos teniendo muertes y desgraciadamente las seguiremos teniendo, porque no se puede confiar en exclusiva a la ley penal y a la acción de la policía y de los jueces, la solución a esta delincuencia. Ésta tiene una etiología criminal que sólo se puede solucionar adelantándose al problema; cuando se trata del cáncer distinguimos con claridad prevención y oncología. Otro de los problemas es que en el tratamiento de esta lacra, los resultados no pueden ser presentados como si se tratara de kilómetros de autovías; se corre mucho riesgo, porque se puede estar acometiendo la mejor de las políticas tanto preventiva como represora, y por contra aumentar el número de mujeres asesinadas, y al revés; si se asume este riesgo luego no busquemos responsabilidades en la policía y en los jueces. Cada uno hace su trabajo y lo hacen los mejor posible, con los medios a su alcance, siempre dentro de un proceso penal y no político. Conviene entender la naturaleza de cada uno de los trabajos. No es bueno volver al pasado, conviene mirar al futuro y trabajar todos juntos y en la misma dirección, sin intentar sacar rentabilidad política, ni del repunte de las muertes, ni de su disminución. La demagogia, los comentarios sin rigor y el tratamiento ligero de las cifras son caldo de cultivo para el fracaso; por contra la seriedad, la responsabilidad, la coordinación, y sobre todo la prudencia y discreción son aliados del éxito.