Catorce mil parados sin prestación tendrán un contrato de hasta 3 meses

La Diputación y los ayuntamientos de la provincia cofinanciarán un programa de «emergencia social» presupuestado en 11,6 millones de euros consistente en la contratación de personas en riesgo de exclusión por periodos de entre 15 días y tres meses. El proyecto ha sido consensuado con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y con la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) en el marco del Acuerdo de Concertación Social que se alcanzó en el ente provincial para paliar los efectos de la crisis entre la población más desfavorecida.

La Diputación ha estimado en 14.000 los contratos que se formalizarán a partir del 1 de junio y los beneficiarios en ningún caso suplantarán al personal laboral o funcionario de los ayuntamientos, sino que realizarán tareas a tiempo parcial relacionadas con el mantenimiento y adecentamiento de edificios y espacios públicos. Eso sí, serán los Servicios Sociales comunitarios de cada municipio los que determinarán a quién se contrata en función de sus necesidades. Parados de larga duración, desempleados sin prestación, personas con discapacidad, inmigrantes regularizados y mujeres víctimas de la violencia de género componen el perfil de los potenciales contratados, que cobrarán unos 830 euros mensuales –el salario mínimo interprofesional más las aportaciones–.

Además de este programa de contrataciones, que tendrá una vigencia de un año, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, anunció otras medidas incluidas en el llamado «Plan Más 34», dotado con 34 millones de euros.

Así, el ente provincial distribuirá entre los ayuntamientos 10 millones de euros para la realización de obras públicas a través de pequeñas y medianas empresas –el trasunto provincial del FEIL y el Proteja–, con una previsión de creación de 2.000 empleos.

Otros tres millones irán para el tratamiento de inertes y cuatro millones de euros se distribuirán entre los ayuntamientos en concepto de anticipos reintegrables para pagar la «deuda inaplazable» que soportan algunos consistorios. Otros tres millones se destinan a gastos corrientes y cuatro millones de euros se reservarán para la cofinanciación de proyectos compartidos con otras administraciones. A todas estas partidas hay que sumar el adelanto a 2009 de los 10 millones de euros para gastos municipales correspondientes al Plan Extraordinario de Impulso Municipal que se aprobó el pasado año.