Detenidos el padre y tres tíos del menor muerto en las Tres Mil tras otro tiroteo

Los familiares del fallecido arremetieron contra una furgoneta de los implicados en la pelea de finales de marzo.

SEVILLA- La detención ayer de cuatro personas tras un nuevo tiroteo acaecido el pasado martes justifica, de nuevo, el sobrenombre de «ciudad sin ley» atribuido a las Tres Mil Viviendas.

El Cuerpo Nacional y la Policía Local detuvieron en una operación conjunta a cuatro familiares –el padre y tres tíos– del menor de etnia gitana fallecido el pasado 29 de marzo tras ser alcanzado por una bala de un tiroteo cuando pasaba en un todoterreno por las Tres Mil Viviendas. Según Rafael Pertegal, el presidente de la asociación de vecinos Martínez Montañés, los familiares del joven muerto iniciaron un nuevo tiroteo al reconocer por la zona una furgoneta perteneciente, al parecer, al clan participante en la reyerta al que se le escapó el proyectil, denominado «Los Caracoleños», huidos de la zona de Los Bermejales en que vivían por miedo a represalias como la sufrida.

El tiroteo se produjo entre las 13:00 y las 14:00 horas del martes, según señalaron fuentes de la Policía Nacional, sin que se produjeran daños personales.

El barrio, vigilado por los miembros de la Unidad Adscrita de la Policía, vive una calma tensa desde el suceso de finales de marzo, ante una posible venganza por la muerte del menor. Los vecinos hablan «de 17 horas de vigilancia». «Los Caracoleños», que estaban instalados en la zona de Los Bermejales –el mismo clan que recibió dinero del Ayuntamiento para abandonar el chabolismo–, residen desde entonces en la zona de los bajos del puente Juan Carlos I y de Reina Sofía, por temor a una venganza.

Ante esta situación, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, advirtió ayer de las «circunstancias y peculiaridades específicas» que rodean a los 95 menores del Polígono Sur que no asisten a sus centros educativos al vivir instalados en un escampado junto al Charco de la Pava. Navarro especificó que la Consejería que dirige trabaja en coordinación con Educación y con el Ayuntamiento. De momento, la Delegación de Educación ha remitido a la Fiscalía de Menores un informe del Servicio de Inspección, algo que la asociación Amuravi ve «extremo».