Disparos con pólvora ajena

Al generalizar se comete siempre alguna injusticia, pero ambas acciones resultan inevitables. Ante la afirmación de que los políticos despilfarran el dinero público, alguno se sentirá injustamente tratado y seguro que tendrá razón. Pero, desgraciadamente, la mayoría de ellos paga sumas astronómicas, difíciles de justificar, por inauguraciones, sillas, mesas, reformas de despachos… La razón es que ese dinero no sale de su bolsillo sino de las arcas públicas y ya sabemos cuál es la diferencia entre España y otros países con ciudadanos más cívicos; entre nosotros lo público no es de nadie, mientras que en esos otros países, es de todos. Debería resultar inaceptable que un alcalde pague por una silla 2.500 euros; un presidente autonómico 189.000 por una mesa o que «fiche»a un conferenciante por más de 30 millones de pesetas (200.000 euros), gastos aparte. Algo similar sucede con los gastos electorales. Si los partidos políticos tuvieran que devolver el dinero prestado por entidades financieras en idénticas condiciones a las que sufren los ciudadanos de a pie, seguro que negociaban mejor y dilapidaban menos. Pero saben que, al final, «para no dañar a la joven democracia», parte de esa deuda les será perdonada y el resto renegociada a tropecientos años sin intereses. España atraviesa una severísima crisis y los políticos están obligados a dar ejemplo de austeridad. Pero visto lo visto, no tienen intención de hacerlo, por lo que urge que funcionen los mecanismos de control del gasto público.