La Policía denuncia falta de medios para proteger a las maltratadas

MADRID- El año 2008 dice adiós con uno de los balances más preocupantes y dramáticos para la violencia de género cuando hay más medios que nunca para combatirla: 70 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Otros siete casos más están en investigación para determinar si se trata de muertes por violencia de género que, de confirmarse, sumarían la cifra más alta de los últimos ocho años.

El mes de diciembre pasa ya a la estadística como el más «negro» para la violencia machista en 2008 con nueve mujeres muertas. Las inmigrantes son las que salen peor paradas ya que, pese a que los extranjeros representan el 11 por ciento de la población total, en la estadística del maltrato acaparan casi la mitad de la tarta. Así, del total de asesinadas en 2008, 39 son españolas y 31 foráneas.

Los datos de Igualdad demuestran que aún queda mucho camino que recorrer en la lucha contra el maltrato ya que de las 70 muertas en 2008, sólo 16 habían denunciado a su agresor, dos retiraron la denuncia, sólo catorce solicitaron órdenes de protección y 10 contaban con medidas específicas destinadas a protegerlas cuando fueron asesinadas.

«Queda por hacer»

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, reconoció ayer en Cádiz, donde acudió para visitar un nuevo juzgado contra la violencia machista, que hay aspectos mejorables, como la detección precoz de la violencia machista, la información y la sensibilización, aunque subrayó como medida prioritaria la implicación de la sociedad en su conjunto.

Aído también admitió que hay aspectos en el desarrollo de la Ley en los que hay que trabajar más, como la coordinación entre administraciones o la formación de los profesionales que trabajan con las mujeres maltratadas.

Hasta la secretaria de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, calificó de «estremecedora» la cifra de mujeres muertas por la violencia machista en lo que va de año y pidió un cambio de modelo de relación social hombre-mujer.

La diputada del Grupo Popular Susana Camarero explicó ayer a este periódico que su grupo ha pedido la comparecencia urgente del Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, para dar explicaciones del «incremento de mujeres que mueren víctimas de la violencia machista». A su juicio, «la ley no está dando los resultados que todos esperábamos y la cifra de muertes aumenta cada año». Para la diputada, la normativa falla en dos ámbitos: «En protección, por falta de medios personales y materiales, y en los juzgados, que están saturados». Todo responde, a su juicio, a un «fallo en la planificación inicial», por lo que el Gobierno «debe asumir que tiene que cambiar la ley».

A esta crítica se suma la de los sindicatos policiales, que se quejaron de la falta de medios. La Confederación Española de Policía (CEP) viene reclamando desde hace tiempo un mayor número de agentes para dar una respuesta adecuada al drama de la violencia de género. El sindicato cree que es «irrisorio» el número de agentes dedicados a este asunto y esto significa que «no podemos dar seguridad plena a las mujeres que sufren maltrato». Y es que, en toda la provincia de Córdoba hay seis policías para vigilar a 452 maltratadas. A esta circunstancia se suma el hecho de que el personal encargado de velar por la protección de estas mujeres son agentes prejubilados que, «aunque son funcionarios con mucha experiencia necesitan que se les dé una especialización adecuada que ahora no tienen». A esta situación se suma, de acuerdo con la CEP, que los medios informáticos de los que disponen están «obsoletos» y las estancias para atender a las víctimas «no reúnen las condiciones adecuadas para que éstas puedan hacer sus denuncias con tranquilidad».

El Consejo General del Poder Judicial acordó ayer, en su última sesión plenaria del año, solicitar tanto del Ministerio de Justicia como de las autonomías con competencias en la materia, la implantación inmediata de un sistema de alertas en los terminales informáticos de los juzgados con competencia en la instrucción y enjuiciamiento de delitos relacionados con la violencia de género. Las alertas permitirían comunicar de forma inmediata a las víctimas de cualquier acto procesal que pueda afectar a su seguridad como, por ejemplo, el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas, la situación penitenciaria del imputado o condenado o las sentencias recaídas. El órgano de gobierno de los jueces pretende establecer el requisito de que los sistemas informáticos no permitan pasar a la siguiente aplicación en tanto no conste como realizado el acto de comunicación a las víctimas.

Sindicatos como UGT exigieron ayer a las administraciones públicas que «aúnen esfuerzos» para trabajar conjuntamente y aumentar los recursos para la prevención de la violencia de género, la sensibilización y a programas en educación para la igualdad, conciliación de la vida laboral y familiar e igualdad de oportunidades.

Ayer, una jueza de violencia de género ordenó el ingreso en prisión del nigeriano de 21 años M.O., acusado de arrojar por la ventana desde un segundo piso en la madrugada del domingo en Oviedo a su pareja, una joven de 26 de la misma nacionalidad, que se encuentra hospitalizada en estado grave. La jueza ordenó prisión provisional por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa y su ingreso en el centro penitenciario de Villabona. El detenido ha asegurado a la jueza que tras la discusión abandonó la vivienda y que no estaba presente cuando la joven se precipitó al vacío. Sin embargo, para la magistrada no ha quedado acreditada en su totalidad esta circunstancia y por ello dictó su encarcelamiento.