El juez investiga a los empresarios que pagaron

MADRID- El magistrado Santiago Torres está analizando la documentación incautada en los registros efectuados hace dos semanas en diferentes dependencias municipales, entre ellas la sede de Urbanismo, para evaluar la implicación de otras personas. Concluido este análisis, está previsto que el juez retome el lunes la toma de declaración a las personas que se encuentran imputadas en la causa.

En una segunda fase, el magistrado investigará a los empresarios que pagaron a los funcionarios de las áreas de Urbanismo
y Medio Ambiente por acelerar los trámites para obtener una licencia exprés para sus negocios. El delito de cohecho del que se acusa a la mayoría de los empleados públicos imputados ya en el procedimiento se extendería así
a los empresarios que dieron una cantidad de dinero, que oscila entre los 8.000 euros y los 20.000 euros, a cambio de agilizar el procedimiento para tener sus licencias preceptivas en apenas unos días.

La Guardia Civil se encuentra analizando los casi doscientos expedientes de tramitación de licencias que constan en la causa, con el fin de dilucidar qué empresarios ofrecieron comisiones para recibir un trato de favor por parte de los funcionarios. Además de los nombres que salgan del análisis de estos documentos, las denuncias presentadas por particulares ante el Juzgado número 32
y las que incluye el escrito de personación del sindicato de funcionarios Manos Limpias, que se presentará este viernes para ejercer la acusación popular, aumentarán de manera considerable el número de empresarios imputados en el procedimiento.

Fecha tope

En cuanto a las actuaciones, el juez tiene previsto levantar el secreto que pesa sobre las diligencias a mediados de diciembre, fecha en la que vence el tope de un mes previsto en la ley para mantener esta situación.

En los meses previos a que el caso saliera a la luz, varios de los funcionarios investigados tuvieron sus teléfonos pinchados por orden del juez. Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, figuraba entre las personas objeto de las escuchas telefónicas.
Con el arresto el pasado lunes de David Giménez López, el número de empleados municipales detenidos por la Guardia Civil por su implicación en el caso asciende a 17. Aunque la cifra de imputados, entre los que se incluyen varios empresarios, se sitúa ya en unos 35 o 40, cifra que se elevará.