El Ministerio de Justicia olvida a Valencia

VALENCIA- La Generalitat Valenciana viene solicitando con reiteración al Ministerio de Justicia la puesta en marcha de al menos cien nuevos órganos judiciales para paliar el déficit de jueces que sufre la Comunidad y poder así mejorar el servicio, acercando la Justicia al ciudadano. En línea con esa «política decidida» de creación de nuevos órganos judiciales que está llevando a cabo el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a los que se dota de todo el personal necesario y de las más modernas herramientas, como explicó la consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, para el ejercicio 2009 la Generalitat solicitó la creación de 35 nuevas unidades judiciales, si bien, finalmente, el Gobierno central autorizó sólo 23.Así, para la puesta en marcha de esas nuevas 23 unidades judiciales, divididas en 15 órganos judiciales y ocho plazas de magistrado, la inversión total prevista ronda los ocho millones de euros. «Invertiremos más de 4.500.000 euros en crear 150 puestos de funcionario para los juzgados y otros 3.500.000 euros en dotar a dichos juzgados de los medios materiales y tecnológicos necesarios para su funcionamiento», afirmó la consejera.A la hora de concretar qué órganos son los que se quieren crear a lo largo de 2009, la Consejería propuso reforzar la jurisdicción penal con nuevos juzgados para Paterna, Sagunto, Torrente y Elda, así como la creación del número 16 para Valencia capital especializado en ejecutorias.Para reforzar la lucha contra la violencia sobre la mujer, «una de las mayores lacras sociales de los últimos tiempos», según Sánchez de León, se propuso la creación de un nuevo juzgado para este fin en la localidad alicantina de Torrevieja, así como el número cuatro de violencia sobre la mujer en Valencia capital.Pero dado que no se puede obviar la grave situación económica por la que se está atravesando de un tiempo a esta parte, otra de las prioridades del Gobierno valenciano era la creación de juzgados que pudieran dar respuesta y hacer frente a la crisis.Por ello, se pidió el juzgado de lo mercantil número uno para Elche, el número tres de lo mercantil para Valencia capital y un listado de juzgados de primera instancia e instrucción para diversas localidades: el número ocho de Orihuela, el ocho de Dénia, el ocho de Castellón, el uno de Albocàsser, en caso de no reformarse la Ley de Demarcación y Planta Judicial se podría sustituir por el juzgado de instrucción número seis de Castellón, el tres de Picassent, y el uno de Chiva, en este caso, si no hay cambios en el partido judicial, se propone sustituirlo por el juzgado mixto número cuatro de Requena.Por último, y para reforzar los órganos colegiados, se propuso crear ocho plazas de magistrado, dos en la Audiencia Provincial de Castellón, cuatro en la Audiencia Provincial de Valencia y dos más en la de Alicante.La consejera recordó que hasta la fecha, el Consejo de Ministros sólo ha aprobado la puesta en marcha, el próximo 1 de abril, del juzgado mercantil número tres de Valencia y lamentó que se hayan olvidado del juzgado de Elche, en el que se pretendía aliviar al mercantil de Alicante, y que se ha dejado sin concretar a pesar de la grave situación de crisis económica. A su juicio es otra «insensatez» del Gobierno Zapatero.

La cuestión de la financiaciónPor lo que respecta a la financiación, la consejera de Justicia denuncia que a unas comunidades les sale prácticamente gratis crear juzgados, mientras otras como Valencia invierten de su propio presupuesto. Se refiere Sánchez de León a la reciente ampliación de los medios traspasados en materia de Administración de Justicia a Cataluña, para la financiación de los 16 nuevos juzgados puestos en funcionamiento en 2008, que fue aprobada en Consejo de Ministros. La titular de Justicia valenciana afirmó que el coste efectivo de este traspaso de medios materiales y económicos a la Generalitat de Cataluña asciende a más de 6,6 millones de euros para la financiación de gastos de funcionamiento, inversiones y gastos corrientes, lo que supone una media de 416.475,23 euros por juzgado. En cambio, la consejera lamentó que el Gobierno valenciano no recibiera ni un solo céntimo de los 437.289,02 euros que costó poner en marcha cada uno de los 20 juzgados del año pasado. En referencia a la creación de nuevos juzgados reclamó que sea la Generalitat quien decida la fecha de creación de los mismos, ya que es la que conoce de primera mano las necesidades.