Juzgan a Greenpeace por una protesta contra las bombas de racimo

Una veintena de activistas de Greenpeace serán juzgados mañana en Madrid en relación con el asalto que miembros de esta organización efectuaron en la empresa Expal para protestar contra la producción de bombas de racimo.
La protesta formaba parte de la campaña que Greenpeace desarrolló contra las bombas de racimo, en la que la organización ecologista documentó las actividades de las empresas que producían estas bombas en España, explica en un comunicado.
La organización destaca que tras esta campaña se consiguió la prohibición total de este tipo de armamento en España, fue uno de los primeros países en ratificar el Tratado de Prohibición de las bombas de racimo, el pasado 18 de marzo, en el Congreso de los Diputados, y se ha convertido en uno de los primeros en incorporar la norma a su ordenamiento legal.
Los ecologistas accedieron hasta el vestíbulo de la empresa, en el que depositaron siluetas de personas mutiladas y prótesis de brazos y piernas, y desplegaron una pancarta gigante en la fachada con la imagen de un niño mutilado y la inscripción: "Expal fabrica bombas de racimo que mutilan".
Según el director de Greenpeace, Juan López de Uralde, "deberían sentarse en el banquillo los que se han enriquecido produciendo y comercializando estas armas repugnantes, y no nuestros activistas".
En vez de llevarles a juicio "deberían darles las gracias a los activistas", ha opinado.
Recuerda que una bomba de racimo está formada por una bomba "contenedor"que puede ser lanzada desde tierra, mar o aire y que, al abrirse durante la trayectoria, expulsa cientos de submuniciones que se dispersan por amplias superficies.
Señala que actúan de forma indiscriminada, no distinguen entre blancos civiles y militares y, por sus altas tasas de error, siguen causando muertos y heridos mucho tiempo después de que acabe un conflicto y que afectan sobre todo a la población civil, que son el 98% de sus víctimas.