La crisis dispara la criminalidad un 9% en menos de un año

La transparencia con los datos sobre el incremento de la inseguridad ciudadana sigue siendo un caballo de batalla entre Gobierno y oposición. Y en este pulso ha aparecido un nuevo motivo de pelea: la falta de información territorializada sobre la evolución de la criminalidad en España, en un momento en el que desde las Fuerzas de Seguridad del Estado se ha empezado a alertar del riesgo de que la crisis económica se traduzca en un importante repunte de determinados tipos de delito. No hay datos oficiales de la radiografía autonómica en el año 2008, pero LA RAZÓN ha podido saber de fuentes de la Guardia Civil que el número de delitos experimentó un crecimiento del 8,73 por ciento respecto a 2007, según recoge la tabla anexa a esta información y que abarca el balance de este Cuerpo entre enero y noviembre. En la demarcación del Instituto Armado los tipos delictivos que más subieron fueron los que atentan contra la libertad sexual, contra el patrimonio, especialmente los robos con fuerza en las cosas, los tirones y los hurtos, así como los homicidios y asesinatos.

Los delitos contra la seguridad del tráfico, como consecuencia de la reforma del Código Penal en este ámbito, se incrementaron también un 120 por ciento, superando ampliamente los 30.000. Por el contrario, las faltas penales se redujeron levemente en el último año. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció el pasado 17 de marzo en el Congreso y explicó que la tasa de criminalidad en 2008 creció sólo un 0,1 por ciento respecto al año anterior. No dio detalles por Cuerpos, ni por circunscripciones, ni por delitos, sino que aludió a una estadística global de Guardia Civil y Policía. En ella se incluía, por ejemplo, a Cataluña, una comunidad que incorporada al conjunto contribuye a bajar notablemente la media porque cada año se ha ido transfiriendo más territorio a la competencia de los Mossos d¿ Esquadra. Una proposición no de ley aprobada unánimemente en la Cámara obliga al ministro del Interior a comparecer en el primer trimestre de cada año para hacer un balance de la seguridad ciudadana en el año anterior, aportando datos por territorios.

El nuevo movimiento de ficha en relación a este asunto se ha desarrollado en el registro del Congreso de los Diputados, donde el PP, antes de irse de vacaciones de Semana Santa, ha solicitado, a través de su portavoz en la materia, Ignacio Cosidó, la comparecencia de los 17 delegados del Gobierno en cada comunidad autónoma, más los de Ceuta y Melilla, para que informen sobre la evolución de la criminalidad y sobre los problemas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cada uno de sus territorios. Los delegados del Gobierno ejercen el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y son los máximos responsables de la seguridad ciudadana en sus comunidades. Esta petición, que no tiene antecedentes en el Congreso, se produce, según se justifica en los escritos registrados, como respuesta al «ocultismo que viene practicando el ministro del Interior sobre los datos de delincuencia».

El PP recuerda que desde el año 2005 existe una instrucción escrita del secretario de Estado de Seguridad para que las delegaciones del Gobierno no faciliten ningún dato sobre criminalidad. De espaldas a la realidad Según el PP, la «pertinaz» negativa del actual ministro del Interior a facilitar cualquier dato sobre la evolución de la delincuencia en las diferentes comunidades autónomas se debe «al fuerte crecimiento que viene experimentando la criminalidad, especialmente en algunas comunidades autónomas, una realidad que Rubalcaba pretende ocultar por todos los medios posibles». Según un informe publicado recientemente por la Fundación FAES, «el crecimiento de la criminalidad es bastante generalizado territorialmente, pero no homogéneo».

Así, según este estudio, la delincuencia ha crecido desde que gobierna Zapatero en once comunidades autónomas, mientras que se ha reducido en cuatro y no tiene apenas variación en una. El Grupo Popular espera que la comparecencia de los delegados del Gobierno en la Comisión de Interior del Congreso sirva para poder hacer un diagnóstico más preciso del «deterioro de la seguridad ciudadana» que está sufriendo España en su conjunto y en algunas comunidades en particular.