Un alto cargo del Colegio de Médicos de Barcelona vinculado a la red de abortos

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MADRID- Tomás Parra y Parra, vocal de Ginecología en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), prestó sus servicios en una de las clínicas imputadas en la investigación abierta por la supuesta trama de abortos ilegales en Barcelona, en concreto en el centro Ginemedex, según informaron ayer fuentes próximas a la investigación. El ginecólogo, que posee una consulta en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), ingresó en prisión en Alicante en noviembre de 1989 junto al dueño de las clínicas, Carlos Morín, tras ser acusados de estar relacionados con prácticas abortivas ilegales en la clínica Ginetec de la ciudad, dirigida por el propio Morín.

De acuerdo con fuentes próximas a la investigación, el ginecólogo de Cerdanyola continuó prestando sus servicios a Carlos Morín tras su paso por la cárcel, concretamente en la clínica Ginemedex. Frente a esta información, Jaume Pedrós, secretario del Colegio de Médicos de Barcelona, fue tajante: «Desde el colegio estamos a la espera de lo que dictamine la jueza; hasta entonces, prevaleceremos la presunción de inocencia de Tomás Parra».

Lugares de trabajo

Pedrós, que acusó a los medios de realizar un «juicio paralelo» en esta investigación, explicó que la adhesión de Parra en el COMB fue de forma voluntaria. «Tenemos más de 30 secciones y cada una cuenta con sus representantes, Tomás Parra y Parra es vocal de una de ellas pero su puesto no comporta ninguna competencia ejecutiva». El secretario del COMB explicó que los integrantes de la asociación no están obligados a comunicar su lugar de trabajo, por lo que «desconocen» en qué clínicas podía trabajar el ginecólogo.

Asimismo, subrayó que, en el caso de que se pruebe la ilegalidad de las acciones de Parra, el Colegio «actuará con contundencia, tal y como lo ha hecho en ocasiones anteriores».

Por otro lado, fuentes de la investigación esclarecieron informaciones aparecidas en la prensa días atrás. La testigo protegida del caso, una ex empleada de Morín, no denunció las prácticas del doctor en una comisaría de la Guardia Urbana como se explicó en un principio, sino que el pasado 27 de julio se dirigió a una de la Policía Autonómica, donde se le prestó declaración, documento que pasó a manos de la juez encargada del caso.

Según las fuentes citadas, la «desaparición» de los Mossos d'Esquadra en los arrestos del pasado lunes y en la propia investigación vendrían dados por una negativa de Joan Saura, consejero de Interior, que al conocer la investigación «desvinculó del proceso a la Policía Autonómica» ya que «le supondría tener problemas éticos con la línea política de su partido».

Para Izquierda Unida, sin embargo, la polémica por las detenciones en clínicas abortistas ha surgido porque el Gobierno «ha mirado para otro lado» en el problema de los abortos ilegales. Pese a defender la ampliación de la legislación en esta materia, para IU, la actual ley «abre la puerta» a la actividad ilegal y ha generado que el 90 por ciento de los abortos se practiquen en clínicas privadas sin control sanitario, dejando en riesgo a la mujer. Así lo aseguró ayer la diputada Carme García (IU-ICV), quien indicó que el aborto en España se ha convertido en un «negocio ilegal».