La prueba de fuego de Guaidó para continuar el pulso con Maduro

Cuando los relojes en Caracas marquen mediodía este domingo 5 de enero, Juan Guaidó ya habrá sido juramentado para un segundo mandato como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y, más allá, para continuar como “presidente encargado” del país petrolero en base a un Estatuto de Transición que el parlamento venezolano aprobó en febrero de 2019, y por el cual es reconocido como tal por más de 55 países del mundo, incluyendo España.

Será el capítulo final de la madeja de intrigas que se tejieron en 2019 a propósito de esa ratificación, y a su vez el inicio de una “nueva etapa de lucha” por la democracia de Venezuela, según ha dicho el propio Guaidó, el político mejor valorado del país según encuestadoras como Datanálisis.

“Tenemos votos de sobra”, afirmó hace algunas semanas consultado sobre si su reelección estaba en peligro. Así respondía a las tres principales dificultades que enfrentaba su aspiración: la posible negativa de grupos opositores minoritarios en la Asamblea Nacional, críticos con su desempeño; así como la “operación alacrán” con la cual el chavismo supuestamente había comprado conciencias de legisladores para que no lo respaldaran, sumado a la ausencia de al menos 23 diputados principales que están encarcelados o en el exilio, perseguidos por el régimen chavista.

La primera se basaba en el “acuerdo de gobernabilidad” firmado entre partidos antichavistas en 2015 cuando ganaron la mayoría de la Asamblea Nacional. Allí se establecía que el quinto y último año de la legislatura, la presidencia sería ocupada por un representante de los grupos minoritarios, donde está la fracción 16 de Julio encabezada por el partido Vente Venezuela que lidera María Corina Machado. Son los llamados “radicales” de la oposición que, sin embargo, incumplieron los convenios en 2019 cuando salvaron su voto en la designación de las vicepresidencias del legislativo.

El actual segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, explicó el viernes que el diálogo político permitió ajustar las demandas, y por tanto en la presidencia se mantendrá Guaidó mientras que la primera vicepresidencia le corresponderá a Primero Justicia (como está en el acuerdo inicial) y la segunda recaerá sobre partidos minoritarios (le tocaba a Voluntad Popular, el partido de Guaidó), mientras que Acción Democrática designará al jefe de fracción de la bancada mayoritaria y Un Nuevo Tiempo elegirá al secretario del paralamento. La tolda Vente Venezuela desigará al subjefe de fracción.

La segunda traba, las intenciones del gobierno de Maduro de comprar voluntades, fue respondida con la modificación del reglamento interno del parlamento -el pasado 17 de diciembre- para permitir el voto electrónico de los diputados en exilio. Con ello se atendieron dos problemas, pues no solo hay una veintena de diputados exiliados, sino que la “operación alacrán” puso la mira en parlamentarios suplentes que ocuparan sus curules.

Por ejemplo, el partido MDI expulsó de sus filas a la diputada Kelly Perfecto quien habría admitido en una reunión, de la cual hay registro sonoro, que recibió 50 mil euros en efectivo por parte del oficialismo para no respaldar la reelección de Guaidó. La diputada, que dice aún defender el legado de Hugo Chávez pero no la gestión de Maduro, rechazó los señalamientos en redes sociales, pero no ha dado declaraciones al respecto.

Adicionalmente, la Asamblea nacional como institución acusó directamente a seis diputados de “traicionar la causa de la libertad” y prestarse a la operación alacrán, que habría incluido cabildeo por montos de al menos 500.000 dólares para torcer voluntades. El PSUV quedaría fuera de la directiva a pesar de sus 55 escaños. No ha trascendido si presentarán una plancha alternativa. La oposición controla dos tercios (112 escaños) y Guaidó necesita la mayoría simple: 84 votos.

Lo que viene

Juan Guaidó enfrenta más que su reelección en el parlamento. Durante 2019 no pudo instaurar el llamado “mantra” que anunció hace casi un año: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él término “usurpador” lo sigue usando para referirse a Maduro pues el congreso lo declaró como tal en 2018 luego de unas elecciones para ratificarlo que son desconocidas tanto por ese parlamento, como por más de 60 países del mundo. La palabra, por cierto, está prohibida de ser mencionada en medios radioeléctricos, so pena de sanciones por el ente regulatorio.

Pero el mantra ya no es una camisa de fuerza, tanto que desde la oposición ya se pone el acento en una elección presidencial que produzca una transición. En el panorama están los comicios parlamentarios que la constitución obliga sean este año, con lo cual cierra la actual legislatura y termina el período para el cual fue electo Juan Guaidó como diputado. La oposición, por tanto, tiene una carrera contra el tiempo pues busca desalojar del poder a Maduro antes de que Guaidó deba enfrentar el dilema de votar o no votar y hasta entregar su propia silla

Los partidos opositores han propuesto combinar los comicios en uno solo, algo que fue llevado a la fracasada mesa de negociación, patrocinada por Noruega y con apoyo de la Unión Europea. El chavismo no aceptó.

Mientras, en la Asamblea Nacional se puso en marcha en 2019 negociaciones para designar un nuevo Poder Electoral, visto que el actual está controlado por el chavismo y genera una desmovilización electoral masiva; pero no se reportan avances. Tales autoridades pudieran ser nombradas de nuevo, como ha ocurrido en la última década, por el Tribunal Supremo -alegando omisión legislativa- o, peor aún, por la Asamblea Constituyente del chavismo.