Un misionero para evangelizar a los indígenas de Brasil

El Gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apodado “el destructor del Amazonas” ha propuesto a un misionero evangélico, Ricardo Lopes Dias, como jefe del departamento de indígenas no contactados de la Agencia de Asuntos Indígenas. Lopes Dias ha trabajado durante muchos años con la Misión de Nuevas Tribus (MNT), ahora conocida como Ethnos360. Y tiene varios “esqueletos en el armario”. Un prontuario que le precede.

“Poner a un misionero evangélico a cargo del departamento de indígenas no contactados de la FUNAI es como poner a un zorro al frente de un gallinero. Es un acto de agresión deliberado, toda una declaración de intenciones: quieren contactar por la fuerza a estos pueblos, lo que los destruirá. Junto con el reciente plan del presidente Bolsonaro de abrir las reservas indígenas a la minería y la explotación, este es un plan genocida para destruir por completo a los pueblos más vulnerables del planeta, cuya supervivencia está ahora en juego. Resistiremos con todas nuestras fuerzas, junto con nuestros amigos indígenas de Brasil” afirma Sarah Shenker de Survival International.

La organización MNT se dio a conocer en todo el mundo por las catastróficas consecuencias de sus esfuerzos para contactar y evangelizar a tribus no contactadas. Es una de las organizaciones misioneras más fundamentalistas, cuyas “cacerías” en Paraguay en los años setenta y ochenta provocaron numerosas muertes. Es tan solo la última de sus jugadas para arrasar con el Amazonas.

Cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero, los pueblos indígenas del país y sus aliados en todo el mundo se prepararon para lo peor. Prometió que no habría ni un centímetro más de tierra indígena protegida bajo su liderazgo. Anunció su intención de integrar por la fuerza a los pueblos indígenas “al igual que el ejército, que hizo un gran trabajo en esto”, pero dijo que era “una pena que la caballería brasileña no fuera tan eficiente como la estadounidense, que exterminó a los indios”.

Sonia Guajajara, líder indígena y candidata a la vicepresidencia en las elecciones de 2018, ha dicho: “Vamos a resistir. Si somos los primeros en ser atacados, seremos los primeros en reaccionar.” Y Rosilene Guajajara dijo: “Hemos resistido durante 519 años. No vamos a ceder ahora. Uniremos todas nuestras fuerzas y venceremos”.

En su primer día en el cargo, Bolsonaro quitó la responsabilidad de la demarcación y regulación de los territorios indígenas del Departamento de Asuntos Indígenas (FUNAI) y se la encomendó al Ministerio de Agricultura. Esta jugada estaba claramente destinada a poner coto a cualquier protección adicional de tierras indígenas, y eso es lo que ha sucedido. Los ganaderos y los evangelistas fueron sus mecenas durante la campaña.

La ministra de Agricultura de Bolsonaro es Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, ex jefa del grupo parlamentario de la agroindustria, que precisamente aceptó una donación para la campaña electoral de un terrateniente que ya había sido acusado de ordenar el asesinato de un líder indígena. El responsable ministerial de los asuntos de demarcación de tierras es Nabhan García, antiguo dirigente de la Unión de Demócratas Ruralistas, que ha luchado contra las demarcaciones del territorio indígena durante décadas.

Sin embargo, hay esperanza, estas decisiones políticas todavía no están establecidas por ley. El Partido Socialista Brasileño (PSB) presentó a finales de enero una impugnación ante el Supremo Tribunal Federal, en la que refuta la decisión de Bolsonaro de otorgar al Ministerio de Agricultura la autoridad para fijar los límites de las reservas. El tribunal aún tiene que pronunciarse sobre este caso particular, pero los jueces de Brasil han demostrado que están dispuestos a plantar cara al presidente.

El Gobierno ha invocado la “seguridad nacional” para pisotear los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. La tribu waimiri atroari se opone a la instalación sin su consentimiento de un tendido eléctrico a lo largo de más de 100 kilómetros de su territorio, que, aunque transportará electricidad a ciudades como Manaus, no proporcionará energía a las aldeas o asentamientos indígenas dentro de la reserva. El Gobierno ha anunciado que el proyecto comenzará a ejecutarse el 30 de junio. Naturalmente, los miembros de la tribu están luchando contra la decisión.

Bolsonaro sostiene que “Brasil no debe nada al mundo en relación a la preservación del medio ambiente” y ha cambiado el procedimiento de concesión de licencias medioambientales para facilitar la construcción en tierras indígenas. Se han anunciado varios proyectos nuevos de grandes infraestructuras, incluida una presa en el río Trombetas, un puente sobre el río Amazonas y una prolongación de la carretera de 500 kilómetros que cruzará la selva tropical desde el río Amazonas hasta la frontera con Surinam.

El Gobierno también ha amenazado con retirar a Brasil del crucial tratado internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, el llamado Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto debilitaría aún más los derechos de los indígenas y eliminaría una importante fiscalización internacional independiente. El Convenio 169, ratificado por Brasil en 2002, ha sido invocado por jueces en sus sentencias y por fiscales, que tienen la obligación constitucional de procesar al Estado cuando viola los derechos indígenas.

Sin embargo, los invasores ilegales de tierras no esperan a que se apruebe la legislación o que los jueces dictaminen, y al menos 14 territorios indígenas están siendo atacados actualmente. En lo que es esencialmente una guerra de fronteras, empresas madereras, mineras, petroleras y ganaderas consideran ahora, con razón, que el presidente está de su lado. Durante la campaña electoral, la deforestación se disparó casi un 50 %, y las invasiones de tierras aumentaron un 150 % desde que resultó elegido.

Brasil se ha convertido en el país más letal del mundo para los defensores del medioambiente, pero la violencia ejercida contra los indígenas no puede explicarse simplemente como una batalla por los recursos: En muchos casos, es a todas luces un crimen de odio. En la noche de la victoria electoral de Bolsonaro, por ejemplo, un centro de salud y una escuela fueron atacadas con bombas incendiarias en tierras de los pankararus en el noreste del país.

Ha habido amenazas de expulsar a grupos ecologistas, y Ricardo Salles, el nuevo ministro de medio ambiente, ha intentado suspender durante tres meses todas las cooperaciones del Gobierno con ONG del país. Considera que las áreas amazónicas protegidas frenan el “desarrollo” y aboga por la práctica de la agricultura comercial y la minería en las reservas indígenas, incluidas aquellas donde viven tribus no contactadas, lo que casi con toda seguridad comportaría su aniquilación.

La administración atacó incluso la salud indígena: Propuso poner fin al sistema sanitario indígena (SESAI), un modelo de atención descentralizada con 34 distritos de salud indígenas especiales, que opera en colaboración con comunidades locales y se ajusta a sus necesidades específicas. A cambio, los pacientes indígenas tendrían que acudir a los mismos servicios municipales (ya insuficientes y sobrecargados) que todos los demás habitantes del distrito. El ministro de salud, Luiz Henrique Mandetta, dijo: “Para más de 600.000 indígenas, los recursos que aporta el país… creo que pocos países aportan tanto”.

La última gran frase de Bolsonaro hace días: “Cada vez más el indio es un ser humano como los blancos” . Toda una declaración de intenciones…