La transición política en Estados Unidos depende de una carta. Así es el protocolo. Y esa carta la tiene que firmar una mujer, Emily Murphy, que dirige la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés). Sin ese documento no hay toma de posesión ni nombramientos ni acceso a edificios e información gubernamentales.

Pero firmar esa carta supone reconocer la derrota del presidente Donald Trump. Es decir, para Emily Murphy, morder la mano que le ha dado de comer, ir en contra de la persona que le dio el cargo. La funcionaria, una abogada miembro del Partido Republicano, fue nombrada por Donald Trump en 2017 y confirmada por unanimidad en el Senado. Y lo cierto es que, legalmente, no hay ningún plazo establecido para dar luz verde a la transición, así que el trámite podría estirarse hasta mediados de diciembre, cuando el Colegio Electoral se reúna para hacer efectivos los votos de cada estado.

No es solo una cuestión de trabajo, sino también de dinero. Sin carta, no hay financiación federal.

No es la primera vez que Murphy protege a Trump. El diario Libération recuerda que en 2018 se negó a firmar el traslado de los locales del FBI, en el que los demócratas trabajaban desde hacía diez años. ¿La razón? El magnate republicano temía que se transformaran en un hotel, demasiado cerca del suyo, en la misma calle de Washington de hecho, y que podría ser competencia. La funcionaría aseguró entonces que fue decisión del GSA, sin intervención del presidente, afirmación falsa, según probaron después unos documentos. No fue la única vez que probó su lealtad. Hubo una segunda, también relacionada con el hotel. Gracias a ella, Trump pudo mantener el contrato de arrendamiento del establecimiento, que ocupa un local federal, ignorando la ley que prohíbe recibir fondos extranjeros sin autorización del Congreso. Sin embargo, su hotel alberga regularmente a jefes de estado internacionales, por lo que a través de este contrato de arrendamiento, firmado antes de ser elegido, Trump efectivamente recibe fondos de otros países. Los reiterados intentos de los demócratas por obtener información al respecto del GSA han sido vanos.

Y ahora va la tercera prueba de lealtad. Retrasar la transición. Ganar tiempo. Poner obstáculos al equipo de Biden.