Biden acaba con la «vergüenza nacional» de la política migratoria de Trump

Cuando Joe Biden firmaba ayer sus primeras órdenes ejecutivas sobre la inmigración sabía que nada de lo que rubricó era especialmente novedoso. Lo admitió él mismo, al declarar que «no estoy haciendo una nueva ley, estoy eliminando las malas políticas». La más escandalosa de todas, la que generó más controversia, fue la orden de separar a cientos de familias en la frontera con México. Casi un lustro más tarde cerca de 1.000 niños permanecen separados de sus padres. La mayoría de sus progenitores fueron deportados. Hay casos en los que nadie sabe cómo encontrarlos.

Para lograr la reunificación, Biden ha creado un grupo de trabajo al respecto, dirigido por el secretario del de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se reunirá de forma periódica con el presidente en la Casa Blanca y hará recomendaciones.

Biden explicó que «con la primera acción de hoy vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional de la Administración anterior, que literalmente, no figurativamente, arrancó a los niños de los brazos de sus familias en la frontera y sin ningún plan para reunificar a los que aún están bajo custodia y sus padres».

El presidente de EE UU también quiere relanzar las políticas de asilo, descoyuntadas en los últimos años, así como aliviar los problemas para la obtención de tarjetas de residencia. Concretamente, su antecesor ordenó dificultar los procesos para que los inmigrantes indocumentados puedan optar a la residencia si se demuestra que han recibido ayudas federales y otros servicios sociales, incluida la asistencia sanitaria del Medicaid.

Finalmente, EE UU se compromete a brindar apoyo logístico y económico a los países de América Central desde los que sale la mayoría de los inmigrantes ilegales. Una declaración tan bienintencionada como laxa, que debiera concretarse en planes de trabajo y ayuda logística y económica real para llegar a alguna parte.

Se trata de los primeros anuncios de una Administración que necesita que funcionarios de varios departamentos encuentren las herramientas necesarias para liquidar las políticas de su predecesor. Ninguna más odiada la separación de las familias. Fue adoptada en secreto en 2017, cuando cerca de 1.000 niños fueron entregados a sus familiares en EE UU o trasladados a centros de acogida. La Casa Blanca lo hizo público un año más tarde, y un juez federal ordenó detenerlo después de una demanda presentada por la Unión Americana de libertades Civiles (ACLU).

En un comunicado la organización de derechos civiles ha explicado que «en ese momento, no teníamos idea de la magnitud y la depravación de la injusticia, pero ahora sabemos que miles de niños fueron arrancados deliberadamente de sus padres, incluidos niños pequeños y bebés».

Indignada, la ex primera dama Laura Bush publicó una carta en el “Washington Post” para denunciar la situación de unos «niños arrancados de sus padres». La esposa del ex presidente George W. Bush subrayó que defiende «la necesidad de hacer cumplir y proteger nuestras fronteras internacionales». Al mismo tiempo acusó a la Casa Blanca de comportarse de forma «cruel» e «inmoral». «Nuestro gobierno», añadió, «no debería estar en el negocio de almacenar niños en cajas o en tiendas de campaña en el desierto a las afueras de El Paso. Estas imágenes son inquietantemente reminiscentes de los campos de internamiento de japoneses estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, considerado uno de los episodios más vergonzosos en la historia de Estados Unidos».

Un funcionario de la Administración le ha explicado al “Washington Post” que el grupo de trabajo coordinado colaborará con grupos esenciales y «representantes de las familias afectadas, así como con socios en todo el hemisferio, para encontrar padres e hijos separados por la Administración Trump».

La ACLU ha explicado que «la razón por la que no se ha localizado a tantas familias es porque la Administración Trump retuvo sus nombres y luego no reveló información que podría habernos ayudado a encontrarlos. De hecho, no fue hasta 2019 que incluso recibimos la supuesta lista final de niños, y para entonces algunos de los niños habían estado sin sus padres durante casi dos años. Para empeorar las cosas, la información de contacto de las familias con frecuencia era obsoleta, demasiado vaga o inexistente».

La ACLU también recuerda que la medida fue calificada de abuso por la Academia Estadounidense de Pediatría y avisó de efectos psicológicos duraderos en los menores.

Las iniciativas del nuevo Gobierno alcanzan dos de las tres prioridades a nivel nacional. A la inmigración hay que sumar la gestión de la pandemia, así como las negociaciones para lograr un nuevo paquete de estímulos económicos. Para indignación de los republicanos, que los acusan de desleales, los senadores demócratas avanzan una estrategia a dos velocidades. Una más convencional, que trata de alcanzar un acuerdo bipartidista en el Legislativo, y otra que gracias a una suerte de atajo legal permitiría sacar adelante con una mayoría simple el plan más ambicioso.