Biden firma tres órdenes ejecutivas para revertir las “malas” políticas migratorias de Trump

Una de las promesas esenciales de Joe Biden en su camino hacia la Casa Blanca era la reforma del sistema migratorio, un reto impracticable sin alcanzar un gran acuerdo en las Cámaras. A falta del consenso, el presidente anunció una nueva batería de órdenes ejecutivas diseñadas para contrarrestar algunas de las órdenes de su predecesor.

Tras firmar estas órdenes, Biden explicó a los periodistas que no está creando “una nueva ley”, sino “eliminando las malas políticas” de su predecesor Donald Trump, según recogió la cadena de televisión NBC News. El primer objetivo es encontrar a los padres de cientos de niños, separados de sus progenitores al entrar en Estados Unidos. A tal fin creará un grupo especial dirigido por el nuevo secretario del departamento de Seguridad Nacional, el hispano Alejandro Mayorkas.

El demócrata también quiere relanzar las políticas de asilo, así como aliviar los problemas para la obtención de las tarjetas de residencia. El gobierno de Trump dificultó los procesos para que los casi 11 millones inmigrantes indocumentados que viven en EE UU recibieran ayudas federales y otros servicios sociales. El presidente quiere impedir que la obtención de dichas ayudas, incluida la asistencia sanitaria del Medicaid, sea un problema a la hora de tratar de legalizar su situación en Estados Unidos.

Finalmente Estados Unidos se compromete a brindar apoyo logístico y económico a los países de América Central desde los que sale la mayoría de los inmigrantes ilegales. Ninguna de las órdenes puede describirse como revolucionaria ni entrará en vigor de forma automática. Son avisos para navegantes. Los primeros anuncios de una administración que necesita que funcionarios de varios departamentos encuentren las herramientas necesarias para liquidar las políticas de su predecesor. Quizá ninguna de ellas fuera más polémica que la orden de separar a las familias, adoptada en 2017. Cerca de 1.000 niños fueron entregados a sus familiares en EE UU o trasladados a centros de acogida.

El plan fue hecho público un año más tarde. Cuando un juez federal ordenó detenerlo los niños separados eran más de 2.000, de los que 100 tenían menos de 4 años. Todavía faltan por localizar los padres de cientos de menores. La mayoría fueron deportados antes de que el gobierno de Trump admitiera la existencia del programa.

La ex primera dama, Laura Bush, publicó una carta en el Washington Post para denunciar la situación de unos «niños arrancados de sus padres». La esposa del ex presidente George W. Bush subrayó que defiende «la necesidad de hacer cumplir y proteger nuestras fronteras internacionales». Al mismo tiempo acusó a la Casa Blanca de comportarse de forma «cruel» e «inmoral».

«Nuestro gobierno», añadió, «no debería estar en el negocio de almacenar niños en cajas o en tiendas de campaña en el desierto a las afueras de El Paso. Estas imágenes son inquietantemente reminiscentes de los campos de internamiento de japoneses estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, considerado uno de los episodios más vergonzosos en la historia de Estados Unidos. También sabemos que este tratamiento inflige traumas. Los japoneses internados han sido dos veces más propensos a sufrir enfermedades cardiovasculares y a morir prematuramente que aquellos que no fueron internados».

Ahora Estados Unidos quiere encontrar cómo sea a los padres y traerlos de vuelta, o dependiendo de la voluntad de las familias, reunir a los niños con sus padres en el país donde estos últimos residan. El nuevo gobierno aspira a largo plazo a pactar una reforma de tanto calado como la aprobada a mediados de los ochenta con Ronald Reagan de presidente.