Nicolás Maduro ha brindado varios gestos de diálogo a sus opositores en Venezuela estas últimas semanas, mientras se transita una etapa preliminar de la posible negociación entre su régimen y la oposición con respaldo de actores internacionales. Las decisiones tomadas desde el Gobierno esta semana han dado respuestas a varias de las exigencias de la oposición pero, fundamentalmente de la comunidad internacional que continúa presionando para que en el país latinoamericano haya elecciones libres y democráticas.

El Consejo Nacional Electoral que ahora integra a dos rectores opositores en su directiva de cinco miembros anunció la legalización de varios partidos políticos, incluyendo a todos en manos de dirigentes del antichavismo. Esto, a pesar de no regresar el control de los partidos intervenidos desde hace dos años a sus líderes legítimos.

Además, reactivó la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad (MUD), la alianza con la que los opositores lograron la súper mayoría parlamentaria en 2015 con candidatos unificados que convirtieron aquella elección en un caso claro de bipartidismo: el bloque opositor con la MUD y el bloque chavista con el PSUV. En aquella oportunidad la tarjeta electoral unitaria incluso sacó más votos que la fundada por Hugo Chávez. Pero meses después fue anulada y proscrita.

Ahora vuelve a estar activa. Otro gesto que algunos analistas evalúan como una oportunidad, pero también un peligro si los partidos anti Maduro no logran unificar sus posturas. «Maduro en su gran estrategia busca dividir todo lo que pueda al mundo opositor. Su única manera de mantenerse en el poder es manteniendo dividida a la oposición», afirma el analista Piero Trepiccione. Se refiere a la discusión pendiente en la oposición de acudir en bloque a la cita electoral planteada, que ha sido señalada como insuficiente para iniciar una transición democrática. Además, esa tarjeta en algún momento unificó la acción política de todos los sectores opositores, hoy en día separados por lo menos en tres bloques distintos.

Por otra parte, el propio Maduro ha dicho que a partir de noviembre, cuando se realicen unas elecciones a gobernadores y alcaldes, el voto de la gente sí tendrá valor. Ahora sí. «Creo que lo mejor es que, gane quien gane, le toque el Gobierno en su Estado, en su municipio. Que gane el que gane y que gobierne». Con desfachatez anunció el fin, desde noviembre de los «protectorados», que son funcionarios dependientes del Ejecutivo nacional impuestos como gobiernos paralelos allí donde los opositores han vencido. Práctica iniciada por Chávez en 2008.

“Promesas vacías”

Juan Guaidó respondió calificando los mensajes y decisiones del régimen como «promesas vacías», en un país donde aún no hay condiciones democráticas para ir a elecciones. Desde su entorno confirman a LA RAZÓN que ninguna de las medidas anunciadas ha sido lograda mediante negociación con ellos, o con participación de los facilitadores noruegos que buscan acompañar la negociación.

«No tiene nada que ver con Oslo. Quizás con la gente de [Henrique] Capriles, o son gestos caza bobo. Ya veremos. El proceso con los noruegos está aún en fase pendular», decía esta semana un informante cercano al líder opositor venezolano.

Cuando se refiere a Capriles, ex candidato presidencial y un dirigente anti chavista que se ha desmarcado de la estrategia de Guaidó, lo hace dando cuenta de los diálogos que ese sector ha tenido y continúa teniendo con el chavismo para avanzar en condiciones electorales, aunque sea poco a poco. Reuniones en las que se ha hablado también del levantamiento de inhabilitaciones a posibles candidatos y eliminar el control social asociado al voto en Venezuela.

Son dos visiones. El presidente encargado de Venezuela y los suyos, más de 35 partidos políticos y dirigentes históricos, además del llamado «gobierno interino» exigen una negociación integral enmarcada en lo que han planteado como un Acuerdo de Salvación Nacional, en el que las sanciones internacionales podrían ser levantadas a cambio de acciones concretas por parte del régimen chavista.

El otro sector, que encabeza Capriles, procura unas negociaciones parciales, que vayan sumando logros a cambio de reincorporarse al debate electoral y acudir a votar con las «mejores reglas posibles, aunque no sean las deseables», palabras más palabras menos.

El papel de la comunidad internacional

La comunidad internacional observa y participa.Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han insistido esta semana en la necesidad de que en Venezuela se logren acuerdos políticos de alto nivel para recuperar por completo la ruta democrática en Venezuela. El bloque de los Veintisiete tiene pendiente el envío de una misión técnica al país para evaluar la situación y decidir si hay manera de participar en el proceso, aunque no puedan hacerlo formalmente como observadores electorales.

Al mismo tiempo, desde las misiones diplomáticas europeas confirman a este periódico que la eliminación de los protectorados y la activación de instrumentos de elección en manos de opositores eran requisitos fundamentales para avanzar en los diálogos. No obstante, como advierten también los analistas, eliminar protectores, pero avanzar con la implantación de un Estado comunal, lo que vaciaría de sentido las alcaldías y gobernaciones, pudiera ser una «línea roja».

Por ahora, en Venezuela los actores políticos hablan. Los de Capriles y el chavismo directamente, incluso cara a cara. Los de Guaidó, indirectamente a través de la misión noruega. El resultado está por verse, así como las perspectivas de acuerdo entre los propios adversarios de Maduro que siguen deshojando una margarita: votar o no el 21 de noviembre y, por tanto, reconocer a las autoridades nacionales. He ahí uno de los dilemas.