El Constitucional francés da luz verde a la exigencia del certificado covid

Sin sorpresas, el Consejo Constitucional de Francia finalmente aprobó este jueves la mayor parte del proyecto de ley sobre el controvertido pase sanitario, el documento que certifica la vacunación completa, un test PCR negativo o la recuperación de la covid-19. A partir del próximo lunes, los franceses deberán presentar el pase sanitario para entrar a restaurantes, cafés, centros comerciales, hogares de ancianos y centros médicos, con excepción de las salas de emergencia. También será obligatorio para viajar en avión, tren y autobuses de larga distancia.

Será igualmente exigido para ejercer profesiones y oficios que estén expuestos al trato con el público, personas vulnerables y pacientes de covid-19, como el personal médico, trabajadores de las casas de retiro, camareros y otros.

Sin embargo, el Consejo Constitucional -cuyos miembros son apodados nada menos que «los sabios”- ha hecho algunas tímidas modificaciones, tratando de encontrar lo que llama una “conciliación equilibrada” entre las exigencias de protección de la salud y las libertades individuales, defendidas a capa y espada en Francia.

No es razón de despido

En primer lugar, establece que no puede producirse la terminación de un contrato de trabajo temporal si el empleado no presenta el certificado de vacunación. “Los sabios” argumentan que esto supondría una diferencia entre los empleados fijos y los temporales, dando lugar a una discriminación laboral. El trato debe ser idéntico y, por ende, no puede dar lugar a un «despido».

Luego está el rechazo a la imposición de una cuarentena obligatoria de 10 días para los pacientes enfermos de covid-19. Según el Consejo, se trata de una medida desproporcionada e innecesaria. «Se trata de una privación de la libertad sin la intervención de un juez», dice el comunicado de la institución.

Las reacciones de los detractores del pase sanitario no se han hecho esperar. la futura candidata presidencial de la extrema derecha, Marine Le Pen, rechazó la aprobación del Consejo de «una ley que obstaculiza la libertad de circulación de los franceses en su propio país mientras bloquea las medidas para frenar la inmigración ilegal».

En la otra orilla política, reaccionó también el representante de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, declarándose decepcionado por el Consejo Constitucional, «que no protege ninguna de las libertades amenazadas por el pase sanitario».

Ante la obligación de presentar el pase sanitario a manera de «salvoconducto» para realizar actividades de la vida cotidiana, muchos prefieren irse por el camino oscuro: obtener el preciado certificado pagando a un funcionario, sin inyectarse la vacuna anti-covid ni hacerse el test PCR.

Las tarifas pueden variar entre 50 y 300 euros, dependiendo de la localidad donde uno se encuentre, el tipo de certificado y la codicia del proveedor.

Pero el castigo para estos nuevos «dealers» ya está tomando forma. La semana pasada, una funcionaria del Seguro Social francés fue condenada a un año de prisión por haber generado 200 códigos QR –legibles como prueba de vacunación– y venderlos por la plataforma Snapchat a un precio de 200 euros cada uno. La Policía estima que las ganancias de la acusada y sus cómplices ascienden a 40.000 euros.

La pena fue luego suavizada con arresto domiliario, bajo obligación de portar un brazalete electrónico, y 10.000 euros de multa.

Las redes sociales son el canal de compra más difundido. Y no hace falta buscar mucho ni exponerse a sombrías maneras de entrega en un callejón. Basta echar un vistazo a la mensajería de Telegram para encontrar numerosos grupos que venden abiertamente estos pases sanitarios falsos.

El más popular es quizás el llamado “Passeport Sanitaire Covid-19 Pfizer”, que ya suma unos 30.000 suscriptores y ofrece un certificado médico personalizado por 300 euros. Si el cliente quiere solo un test PCR negativo, la tarifa es de 50 euros. Enviando los datos personales y haciendo el pago en línea, se recibe el código QR en 48 horas.

Sin embargo, aún se considera que estas redes de tráfico de pases sanitarios representan una minoría de la población francesa, especialmente cuando se compara con los más de cuatro millones de personas que se han registrado en las últimas semanas en el sistema de vacunación nacional.