Choques entre fuerzas golpistas y manifestantes amenazan con una escalada violenta en Sudán

La situación se deteriora en Sudán, que corre el riesgo de verse arrastrado en el comienzo del año a una espiral de violencia. Pese a las esperanzadoras noticias del pasado mes de diciembre, que auguraban un acuerdo entre militares y civiles para retomar la transición truncada por el golpe de Estado protagonizado por el general Abdel Fattah Burhan el pasado 25 de octubre, los sudaneses no parecen en absoluto convencidos.

En los dos últimos días de 2021, tras nueve jornadas consecutivas de protestas masivas en varias ciudades del país, las fuerzas de seguridad sudanesas acabaron d cargando contra la multitud, que trató en Jartum de alcanzar el palacio presidencial, residencia del líder militar golpista.

El balance provisional de los choques del pasado jueves asciende ya a cinco muertos, así como 300 manifestantes y 50 agentes policiales heridos, según datos confirmados por las propias autoridades sudanesas. Más de 50 personas han perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad en las numerosas marchas de protestas a favor de la democracia organizadas en las últimas semanas. La sangrienta intervención de las fuerzas de seguridad el jueves espoleó al día siguiente a los manifestantes.

No parecen, por tanto, las autoridades sudanesas demasiado interesadas en atender las demandas de las decenas de miles de personas que, convocadas por los denominados comités de resistencia, han venido exigiendo en las últimas jornadas en las calles de varias ciudades sudanesas como Omdurman o Bahri, además de Jartum, su rechazo al poder militar. Las consignas son claras: “El poder es para el pueblo, los militares a los cuarteles” y “El Estado es civil y no militar”. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inequívoca, al disparar gases lacrimógenos y lanzar granadas contra los manifestantes.

Además, desde el jueves militares y fuerzas de seguridad bloquean las carreteras que unen Jartum con Omdurman –ciudad hermana de la capital situada al otro lado del río Nilo-, además de los puentes que conducen a la capital, y las telecomunicaciones, incluido Internet, han sido interrumpidas. Los choques entre manifestantes y fuerzas del orden fueron especialmente intensos en la citada localidad de Omdurman, donde se produjeron cuatro de los cinco fallecidos. Por otra parte, esta misma semana se producía también una manifestación protagonizada por cientos de mujeres sudanesas denunciando los casos de agresión sexual y violaciones en las propias protestas.

También los medios de comunicación han sido objeto de la represión de las autoridades sudanesas. Desde la televisión local Al Sharq se denunciaba que las fuerzas de seguridad les impidieron informar con normalidad, mientras cadenas extranjeras como la emiratí Al Arabiya reportaba haber sufrido ataques, como recogió en su web Deutsche Welle. Por su parte, el asesor de comunicación del jefe del Consejo Soberano de Sudán Abdel Fattah Burhan, Al-Tahir Abu Haja, advertía este viernes: “La continuación de las manifestaciones en su forma actual no es más que un desgaste material, psicológico y mental, y una pérdida de energías y tiempo que no llevará a Sudán a una solución política”.

Más de dos años y medio de inestabilidad

La actual situación se comienza a gestar en abril de 2019, cuando, después de varios meses de protestas Omar al-Bashir -30 años de dictadura- se veía obligado a abandonar el poder. El acuerdo alcanzado entre civiles y militares facilitó la instauración de un Consejo Soberano y un Gobierno mixtos con el encargo de conducir la transición hasta la celebración de elecciones libres en 2023.

Con la llegada del otoño del año pasado comenzó el ruido de sables. En septiembre el Gobierno frustró una asonada (operación que dejó a cuarenta militares detenidos). Pero a finales de octubre, el presidente del Consejo Soberano, el general Abdel Fattha Burhan, disolvía las instituciones de la transición, arrestaba al primer ministro Abdalla Hamdok, suspendía varios artículos de la Constitución y decretaba el estado de emergencia. De manera inmediata miles de sudaneses se echaban a la calle a pesar de que las fuerzas de seguridad no han titubeado a la hora de reprimir las concentraciones.

Cuando se cumplía un mes del golpe parecía que algo comenzaba a cambiar en Sudán. El nuevo acuerdo alcanzado por líderes militares y civiles permitía el 21 de noviembre el regreso al cargo del depuesto primer ministro Abdalla Hamdok, al que, tras varias semanas de arresto domiciliario, se le encargaba la formación de un gobierno supuestamente tecnócrata e independiente hasta la celebración de elecciones libres en julio de 2023. Pero el descontento continúa: para una parte importante de los sudaneses Hamdok es un “traidor” y lo sucedido en las últimas semanas, lejos de garantizar una transición, apuntala el poder militar.

Desde Naciones Unidas, su representante especial en Sudán, Volker Perthes, se exige a las autoridades sudanesas que no obstaculicen las protestas. “La libertad de expresión es un derecho humano. Ello incluye el pleno derecho a Internet. Según las convenciones internacionales, nadie debe ser detenido por intentar protestar pacíficamente”. Por su parte, en su última declaración oficial respecto a la situación en Sudán, Estados Unidos “reiteraba su apoyo a la expresión pacífica de la aspiración democrática y la necesidad de respetar y proteger a los individuos que ejercen el discurso libre”. No fue 2021 un año especialmente bueno políticamente para África, donde los golpes de Estado regresaron con fuerza, incluido Sudán, donde el año recién estrenado amenaza con una peligrosa escalada violenta.