El “McKinsey gate”, la piedra en el zapato en la campaña de Macron

En medio de una anodina campaña electoral francesa en la que la guerra de Ucrania ha eclipsado el debate político, ha estallado un escándalo que golpea a Emmanuel Macron a escasos días de la primera vuelta, cuando los sondeos acortan su distancia con su inmediata rival, la ultraderechista Marine Le Pen, de cara la segunda el 24 de marzo (51% contra 49%).

Todo arrancó el 17 de marzo, cuando el Senado, en manos de la oposición conservadora, denunciaba en un informe “la influencia creciente de los gabinetes de asesoría privados en las políticas públicas”, en detrimento de los altos funcionarios, una verdadera institución en el país vecino. Unos argumentos que fueron recogidos al vuelo por algunos candidatos que acusaron a Macron de estar detrás de un “escándalo de Estado”.

Los senadores revelan que el gasto en asesoría externa prácticamente se ha doblado entre 2018 y 2021, al pasar de 380 a 1.000 millones de euros. Entre los ejemplos recogidos en el texto, se mencionan los 950.000 euros por una presentación en Powerpoint y un folleto de 50 páginas sobre la reforma de las pensiones, que Macron guardó en un cajón ante las protestas sociales. “Es caro por página”, denunciaba la senadora Eliane Assassi a Franceinfo

Sin embargo, la externalización de tareas para las que la Administración Pública no tiene los medios no es una práctica exclusiva de Francia, sino que es corriente en toda Europa y Estados Unidas. “Se deben solicitar firmas de consultoría siempre que sea para habilidades que no se encuentran dentro del Estado”, razonaba a BFMTV el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal.

Lo polémico es que las firmas extranjeras no lleguen a pagar impuestos en el país que les contrata. Y esto justamente es lo que asegura el Senado francés, que habla de un “ejemplo caricaturesco de optimización fiscal”. “La firma McKinsey está sujeta al impuesto de sociedades en Francia, pero sus pagos se establecen en cero euros durante al menos diez años, mientras que su facturación en el territorio nacional alcanza los 329 millones de euros en 2020, incluidos uno 5% en el sector público, y emplea a unos 600 empleados”.

El caso, que hasta ahora era utilizada por la oposición para atacar a un Macron acusado de ser el presidente de los ricos y gobernar Francia como si fuera una empresa privada, ha adquirido mayor gravedad desde que este miércoles la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) anunciara que ha abierto una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades.

En su habitual papel de apagafuegos, el portavoz del Gobierno, se precipitó a asegura que “desde el principio hemos pedido que se esclarezca toda la verdad sobre las prácticas fiscales de esa consultora. La investigación de la Fiscalía se inscribe en esa misma línea. Ese gabinete pagará lo que deba pagar”.

Lo cierto es que antes del anuncio de la Fiscalía Financiera, los contratos públicos con empresas externas ya habían llegado a los tribunales. La presidenta de la asociación francesa de víctimas de la covid-19, Julie Gasset, presentó una demanda contra McKinsey y otras empresas de asesoramiento por “corrupción” y “tráfico de influencias”, al tiempo que denunciaba “desvío de fondos”.

Estas firmas fueron contratadas por el Gobierno para la campaña de vacunación y para otras labores logísticas pese a que eran “incompetentes en materia médica”, lo que impidió que se implementara “una política pública eficaz para propagar la covid”, según la denunciante.

La oposición, ávida de encontrar una flanco débil para atacar a un Macron con aureola de favorito, no se da por satisfecho con las explicaciones del Gobierno, que insiste en que la decisiones políticas son tomadas por los ministros, no por las empresas de asesoría.

En opinión de Valérie Pécresse, candidata al Elíseo del partido conservador Los Republicanos (LR), el presidente “debe explicarse sobre el recurso masivo del Estado a la empresa McKinsey”. “Hay la sensación de que Emmanuel Macron no es transparente y tiene una agenda oculta, financiera o política, y esto puede perturbar su candidatura”, aseguró en una entrevista a LCI.

Mientras, Le Pen va más allá al denunciar un “escándalo de Estado”, mientras el ultraizquierdista Jean-Luc Mélenchon, candidato de Francia Insumisa (FI), añade que “ya basta de firmas privadas como McKinsey que dan consejos inútiles y no pagan impuestos en Francia”. En la misma línea, el candidato verde, Yannick Jadot prometió que bajo su Gobierno no se contrataría a unas firmas “que, a un coste de cientos de millones de euros por año, han pensado, en nombre de los Gobiernos, la eliminación de camas de hospital, la reducción de la prestación de vivienda y otras reformas brutales”.

Ante el revuelo político creado por las denuncias contra McKinsey, el presidente Macron no tuvo más remedio que pronunciarse sobre el caso en una entrevista en France 3. “Ningún contrato se aprueba en la República sin respetar la regla de la contratación pública”, dijo. “Cualquiera que tenga pruebas de que hay manipulación impugne el contrato en un tribunal penal”, retó el presidente francés. “Hay que ser claros, porque se da la impresión de que hay trapicheos, y es falso”, zanjó.

McKinsey emitió un comunicado diciendo que respeta “todas las normas sociales y fiscales francesas aplicables” y asegura que ha pagado el impuesto sobre la renta de sociedades “en los años en que la empresa ha obtenido beneficios en Francia”. La declaración añade que la empresa había pagado “422 millones de euros en impuestos y cargas sociales, o casi el 20% de su facturación acumulada”, con respecto a sus empleados en Francia. Sin embargo, el impuesto de sociedades se basa en los beneficios y no en la facturación.

Ante el creciente protagonismo de las empresas de asesoría externas experimentado en Francia desde hace veinte años, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, reconocía que “habrá que reorientar las actividades si el recurso a las empresas de consultoría es excesivo y los servicios van demasiado lejos”. Según datos de la Asamblea Nacional, las consultorías privadas suponen un 0,27% del gasto total en personal público, frente al 1,23% de Reino Unido, 1,25% de Alemania y el 0,32% de España.

A dos días de celebrarse la primera vuelta de las presidenciales, sin embargo, los analistas políticos descartan que el “McKinsey Gate” vaya a influir mucho a los franceses a la hora de votar. “Es un tema complicado que influirá en quienes ya estaban convencidos de que Macron es un ‘presidente de los ricos’, pero no es un tema generalizado”, explica Philippe Moreau Chevrolet a France Presse. “Cuenta mucho menos que las preguntas sobre los ingresos familiares y el alza de la inflación e incluso los temores sobre el suministro de alimentos”, añade el analista.