Merkel recorta las ayudas sociales a los inmigrantes europeos

Más de 17.000 españoles sin empleo podrían perder las prestaciones. El Gobierno exigirá una estancia mínima de cinco años para cobrar el paro.

Tras estudiar Biología en Madrid, Irene llegó a Berlín con la ilusión y el convencimiento de que en el país al que muchos ven como el antagonismo de la crisis podría desarrollar su carrera profesional. Sin embargo, tras unos meses en los que sólo pudo ir encadenando breves empleos de baja categoría, la joven al borde del sustento económico y ya consciente de que por el momento, o nunca, encontraría un trabajo relacionado con su especialidad, decidió solicitar el «Hartz IV». En Alemania, ésta es ya casi una palabra con derecho propio que alude a Peter Hartz, en su día asesor del ex canciller Gerhard Schröder y que pasó a la historia alemana no sólo por ser condenado por sobornar a líderes sindicales, sino también por crear una polémica prestación que incluye el pago del alquiler, el seguro médico y una paga mensual que no llega a los 400 euros.

Desde entonces, el «Hartz IV» se concede a todas aquellas personas que, estando en edad de trabajar, no tienen ingresos que superen la cantidad considerada como mínima para poder satisfacer las principales necesidades. Gracias a esta asistencia social, Irene ha podido sobrevivir y como ella otros 17.000 españoles que en la actualidad reciben esta prestación. Pues bien, todos ellos, junto con aquellos que cobran el paro y los más de 440.000 beneficiarios procedentes de otros Estados de la Unión Europea podrían ver peligrar estas ayudas. ¿La razón? El proyecto de ley que aprobó ayer el Gobierno alemán y que limitará el acceso a estas ayudas sociales a los ciudadanos de la UE que se encuentren en el país sin trabajar. La norma establece una estancia mínima de cinco años en Alemania para los que quieran solicitar una ayuda a la que sí tienen derecho todos los desempleados alemanes. Según la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, la socialdemócrata Andrea Nahles, «para quienes nunca hayan trabajado aquí y dependan para subsistir de la ayuda financiera del Estado, rige un principio: deben pedir esas prestaciones en sus países».

Los españoles están en el punto de mira de esta ley, que quiere poner fin al llamado «turismo del bienestar», pero sobre todo aquellos ciudadanos de países europeos con un menor nivel de vida, como rumanos o búlgaros. Nahles ya avanzó estos planes a finales del año pasado y en los últimos meses se han sucedido las negociaciones en el seno de la Gran Coalición. Ahora, con el proyecto de ley aprobado, se da luz verde a una normativa que nadie duda respaldará un Parlamento que cuenta con mayoría y que ya ha suscitado la inquietud de muchos ciudadanos comunitarios que han emigrado hasta este país en busca de un futuro mejor. También se han activado las alarmas entre las organizaciones de derechos civiles y humanitarias.

«Con el proyecto de ley logramos seguridad jurídica. Queda claro que quien trabaja y paga sus impuestos tiene también legítimo derecho a las prestaciones de nuestro sistema social», añadió la ministra, aunque nadie olvida que en un año electoral son muchos los que ven en esta medida un plan de ataque que pueda frenar la sangría de votos de la que en los últimos meses se beneficia el partido populista Alternativa para Alemania (AfD). Por si acaso, la ministra se encargó de recordar ayer que la «sobrecarga financiera» de las arcas alemanas fue crucial para tomar esta decisión, aunque desde la bancada de la oposición, los diputados del grupo de Los Verdes y del partido izquierdista Die Linke definieron como «anticonstitucional» la medida y clamaron por el derecho a una vida digna para todos los que viven en Alemania.

Por el contrario, la ministra de Asuntos Sociales del Estado federado de Baviera, Emilia Müller, dio la bienvenida a la nueva legislación y aseguró que «es lo correcto para cerrar la brecha abierta por la corte federal y que habría provocado un acceso sin límites a nuestro sistema de bienestar social». Müller, compañera de partido de la canciller, se quiso referir a la brecha que, a su parecer, abrió en 2015 el Tribunal Federal de Asuntos Sociales cuando estipuló que cualquier ciudadano de la UE, incluso sin trabajo, tenía derecho al cabo de seis meses a beneficiarse de las ayudas sociales. Curiosamente ahora, y tras la aprobación del proyecto, la prensa alemana vuelve a recordar el momento en el que Alemania criticó al entonces «premier» británico, David Cameron, quien en plena campaña contra el Brexit quiso reducir la llegada de inmigrantes intraeuropeos. Berlín se opuso entonces a esa medida que muchos expertos consideran discriminatoria y en contradicción con el principio europeo de libre circulación. Pero a partir de ahora serán los propios comunitarios sin ocupación y residentes en suelo germano los que tendrán que esperar cinco años para optar a las prestaciones. Sin embargo, seguirán teniendo acceso a las ayudas, por ejemplo, quienes tengan empleos con ingresos insuficientes para garantizar su subsistencia, como son buena parte de los beneficiarios del «Hartz IV».