Alemania, cara y cruz de la política de puertas abiertas

Más de nueve millones de extranjeros viven ya en el país. La «asimilación» es larga y costosa, lo que genera una creciente tensión social.

Los cuatro ataques violentos de la pasada semana en Alemania han reabierto el debate en torno a la política de acogida al refugiado. La tensión y la preocupación que han provocado estos crímenes, tres de ellos perpetrados por solicitantes de asilo, refuerzan el sentimiento de inseguridad de los alemanes, dividen al país y desencadenan recelos hacia la política de bienvenida de la canciller Angela Merkel. Primero fue el ataque con hacha de un refugiado afgano en un tren de Wurtzburgo, que el Estado Islámico (EI) se atribuyó. Después, el tiroteo en un centro comercial de Múnich, cometido por un adolescente germano-iraní con problemas mentales. El domingo, dos nuevos actos mortales: el asesinato de una mujer por un refugiado sirio y el atentado suicida de otro sirio en Ans-bach. Este último parece tener una clara motivación política y fue reivindicado igualmente por el EI. Aunque no hubo más víctimas mortales que el suicida, el hecho confirma que Alemania ya no está a salvo de la amenaza terrorista. Incluso el ministro de Justicia de Baviera admitió después de la explosión que «el terrorismo islámico ha llegado a Alemania». Además, la sucesión de episodios violentos, si bien han sido por distintos motivos y sin conexión entre ellos, aumenta el sentimiento de vulnerabilidad de la población, lo que tendrá consecuencias políticas para un país que celebra elecciones generales el año que viene.

El ministro del Interior, Thomas de Maizière, previendo algún tipo de respuesta violenta contra la población extranjera –actualmente más de nueve millones–, pidió ayer que no se generalizase contra los refugiados porque son «casos aislados». De Maizière anunció un aumento en la seguridad, sobre todo en estaciones, aeropuertos y fronteras, y cifró en 60 los refugiados que son investigados por vínculos yihadistas, aunque ninguno de los autores de los últimos ataques estaban en la lista.

Como era previsible, el partido populista Alternativa para Alemania (AfD), que basa su programa en medidas antiinmigración, atacó de nuevo ayer la gestión del Ejecutivo. «La política del Gobierno es el mayor peligro que ha tenido Alemania desde el final de la Guerra Fría», declaró en un comunicado donde criticaba la idea del multiculturalismo. «Si el Gobierno elude tomar una posición clara en este punto, se hace cómplice de los crímenes que puedan ocurrir», añadieron.

«La última semana resultará un golpe muy duro para Alemania y abrirá debates en torno a la ley de asilo», explica el politólogo Nikolai Dose, de la Universidad de Duisburg-Essen, a LA RAZÓN. Para este experto, una política migratoria más represiva no se traduce en menos violencia. «Tenemos el caso de Francia, que ha sufrido ataques más severos con una política más restrictiva», dice, recordando que «los crímenes de estos días fueron cometidos por personas desorientadas mentalmente».

El problema añadido es que el país, que recibió en 2015 a 1,1 millones de migrantes –con 476.649 peticiones formales de asilo–, no ha podido asimilar a tal cantidad de personas en busca de papeles, de un hogar y un trabajo. Muchos de ellos, la mayoría jóvenes y familias desarraigadas, se desesperan mientras se resuelve su situación y esto genera tensión. A pesar del descenso en las llegadas de refugiados al país –220.000 en los primeros seis meses de 2016–, los asaltos a centros de refugiados se han multiplicado. Sólo en los seis primeros meses del año, se registraron 563 agresiones contra estos albergues, una cifra récord. Es posible que este año se superen incluso los 1,047 delitos de este tipo cometidos en 2015. Otra de las señales que reflejan la tensión en el país son las recientes pintadas en rojo donde se lee «la inmigración mata», que han aparecido en gasolineras de varias regiones.