Violencia y censura previa en las redes incendian la campaña en Brasil

A Bolsonaro se le tuerce su escalada en las encuestas. Tras llegar al empate técnico con Lula en algunos sondeos, el episodio del enfrentamiento con granadas y 50 disparos de fusil contra la Policía por parte del ex diputado ex aliado del capitán Roberto Jefferson, ha asestado un duro golpe de imagen al actual presidente, a quien el Tribunal Electoral había perjudicado horas antes estableciendo una más que polémica censura previa a las redes y medios bolsonaristas so pretexto de combatir las feke news.

Roberto Jefferson no es del partido de Bolsonaro (PL) sino del PTB, una de sus múltiples alianzas del pasado. El ex parlamentario, que cumplía una orden de arresto domiciliario, la emprendió a tiros contra la Policía cuando varios agentes fueron a detenerle para llevarle a la cárcel, tras llamar “prostituta y vagabunda” una magistrada lulista del Tribunal Supremo Federal (STF). Los insultos de Jefferson se produjeron con motivo de la decisión del Tribunal Electoral (sucursal del STF) de establecer la censura previa en redes sociales concediendo a la vez más minutos a Lula en los medios públicos y otorgando el derecho de réplica al líder petista dentro de un espacio electoral gratuito de Bolsonaro, algo considerado inédito.

El líder derechista condenó de inmediato el inadmisible y violento episodio, remarcando que ya no tenía relación alguna con Jefferson, de quien se decía desde hace tiempo en medios políticos que “había enloquecido”. Lo cierto es que este enfrentamiento con granadas y fusil contra la Policía ha alterado de lleno la campaña, a cuatro días de que se abran los colegios. Bolsonaro subía en las encuestas con una estrategia de ataque a Lula basada explotar los años de corrupción del PT. Ahora se ve obligado a pasar a la defensiva, intentado desligarse de quien ejerce brutalmente la violencia, lo que el lulismo explota como una consecuencia más de la campaña del ex militar en favor legalizar las armas de fuego.

Bajo los insultos del tal Jefferson a la magistrada lulista, que provocaron su orden de detención, están las decisiones polémicas tomadas por la Junta Electoral, sucursal del Supremo Tribunal Federal (STF). La más relevante de ellas, la orden de suspender las emisiones o publicaciones de medios o redes bolsonaristas, por considerar que fomentan las fake news, citando como ejemplo la acusación de que Lula pretende cerrar todas las Iglesias, en particular las evangelistas. Esta decisión, calificada como “censura demente” por algunos analistas, forma parte del largo enfrentamiento que el Tribunal Supremo mantiene con Bolsonaro. Con una clara mayoría de magistrados nombrados por Lula, el STF ha sido la auténtica oposición a la gestión del actual presidente, revocando todo tipo de decisiones del Ejecutivo, sobre política ambiental, cultural, indigenismo y en particular durante la pandemia. Bolsonaro incluso llegó a ser multado con 8 mil euros por no llevar mascarilla en algunos actos públicos.

El STF anuló de hecho las condenas a Lula da Silva, lo que a la postre le permitió salir de la prisión y presentarse a los actuales comicios. El brazo derecho del STF es el Tribunal Electoral, que está siendo ampliamente acusado de favorecer al candidato del PT censurando a los medios contrarios. “Nos están prohibiendo decir que Lula fue condenado por la Justicia por corrupción pasiva y lavado de dinero y que nunca fue absuelto de nada”, subraya el comentarista J.R.Guzzo, que añade: “el Supremo Tribunal Federal y su policía electoral han establecido la censura previa, violando el principio de que sólo se puede condenar un hecho después de que sea cometido”. Y, ciertamente, hasta el próximo lunes, después de la votación, lo canales bolsonaristas no tienen permitido publicar nada, pues fueron cerrados hasta entonces por orden judicial del Tribunal Electoral.

Sergio Moro, el juez de Curitiba que instruyó todos los casos de corrupción de la era petista de Lula ( Lava Jato, Mensalao, Petrolao, etc), ha declarado que “en cuestiones complicadas como las fake news”, la Justicia “debería actuar siempre en la línea de favorecer la libertad de expresión y el debate, nunca restringirlo”. No parece fácil discernir entre lo que es falso o no, y mucho menos previamente, pero los magistrados utilizan la tesis del “desorden informacional” para prohibir, por ejemplo, un reportaje que se iba a subir a YouTube sobre el apuñalamiento a Bolsonaro en las pasadas elecciones. Ricardo Levandouski, vocal del STF, ha calificado de “muy grave el actual desorden informacional, un fenómeno nuevo que va más allá de las fake news, porque un ciudadano común no está preparado para recibir ese tipo de desorden”. A lo que el propio presidente del Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes, añade que “parte de los medios tradicionales se prestan a manipular informaciones con premisas verdaderas para llegar a conclusiones falsas, como si las fake news tuviesen un origen fiable”. Los seguidores de Lula justifican el cerrojazo debido al “uso intensivo de las redes sociales para diseminar ignorancia, culto al jefe y órdenes de ataque”.

La dura y polémica decisión del Tribunal Electoral, sin precedente alguno en Brasil, pareció en principio beneficiar más que perjudicar la campaña de Bolsonaro, que convocó a sus partidarios a actos en la calle para suplir la censura en las redes, donde el ex militar cuenta con decenas de canales y millones de seguidores, muy por encima de Lula. Pero el episodio del enfrentamiento con granadas y tiros de fusil del ex aliado del presidente ha echado por tierra esa estrategia de ataque para tener que situarse a la defensiva. Hoy más que ayer, Lula parece más cerca del Palacio de Planalto.