El autoritarismo de López Obrador

La independencia del sistema judicial mexicano está amenazada. La reforma judicial que ha firmado el partido político de Andrés Manuel López Obrador busca convertir a los jueces en brazos juristas del ejecutivo. La amenaza que ensombrece a la institucionalidad mexicana es probablemente una de las más peligrosas que sufre el país azteca en décadas. Ante el peligro, un paro nacional indefinido fue convocado por trabajadores del poder judicial. La decisión táctica podía ser asumida como osada y valiente; sin embargo, no necesariamente estratégica. ¿Por qué? AMLO y la presidenta electa que asume el 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, quieren cambiar el aparato judicial de la manera más eficaz posible. Tener una crisis dentro de la institución puede ser la excusa perfecta para acelerar el cambio. La misma Sheinbaum criticó el paro argumentando que implica existe incumplimiento laboral. He ahí una razón que justificaría una tabula rasa, un borrón y cuenta nueva que permita el ingreso de cuadros leales al partido de gobierno, MORENA, a manejar la justicia. Al mismo tiempo, preocupa que el poder judicial esté sufriendo una persecución cuando el presidente tiene más del 60% de aprobación, cuando más del 70% de los mexicanos considera necesario reformar el aparato de justicia y cuando la oposición se encuentra disminuida. Así, un paro exitoso es el que responda a una estrategia integral; que sume a otros factores de la sociedad civil, que comprometa a los medios de comunicación independientes y que obligue al liderazgo opositor a no flaquear en su lucha para que la democracia en México no mengüe. Los jueces han puesto la cara a la defensa de los valores democráticos en México que pretenden ser trastocados por un nuevo régimen con vocación autoritaria.