Rousseff no consigue frenar el «impeachment»

El presidente de la Cámara brasileña rectifica y apoya el proceso a Rousseff

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff

El presidente del Congreso anula la votación del proceso por irregularidades dos días antes de que el Senado se pronuncie.

El Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff pudo haber dado ayer uno de sus últimos coletazos antes de caer. En un intento por anular o, por lo menos posponer, el actual proceso de juicio político, el presidente interino del Congreso, Waldir Maranhao, quien asumió la semana pasada el cargo, anuló la sesión de votación del 17 de abril, cuando 367 diputados votaron a favor del «impeachment». Horas después, sin embargo, el presidente del Senado decidió desacatar la decisión y anunció que seguirá con el trámite previsto. Rousseff, pues, debería ser apartada del poder por 180 días en la crucial sesión del Senado de mañana.

El anuncio de Maranhao –inesperado y que provocó un terremoto político en un país azotado por una crisis histórica– hacía temer que buena parte del proceso fuera anulado con el pretexto de que hubo irregularidades que lo «viciaron». Entre ellos el hecho de que los diputados anunciaran su intención de voto antes de la sesión plenaria del 17 de abril o que los partidos orientaran a sus parlamentarios para votar de una u otra forma.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, considerado hasta hace semanas como un aliado de Rousseff, decidió desacatar la decisión de Maranhao, al entender que es inconsistente jurídicamente y, además, fuera de plazo. Ello porque el «impeachment» ya pasó el trámite en el Congreso y actualmente está en el Senado.

«Es una decisión intempestiva» que «no puede ser aceptada», dijo Calheiros, antes de suspender la sesión varios minutos por las protestas de los parlamentarios partidarios del Gobierno.

El presidente de la Cámara brasileña rectifica

Maranhao, sin embargo, decidió apoyar que se siga el proceso de destitución contra Rousseff, horas después de haber optado por lo contrario, informaron hoy medios locales. Maranhao cambió de opinión después de que su formación, el Partido Progresista (PP-MA), le amenazara con expulsarle, según el diario O Globo. El presidente de la Cámara de Diputados comunicó anoche su nueva postura en un escrito enviado al presidente del Senado, Renan Calheiros, en el que anuncia que deroga la anulación del juicio político a Rousseff en la Cámara aunque no explica este cambio.

A 24 horas para que se vote la apertura del «impeachment» en el Senado, donde necesita una mayoría simple de los 81 parlamentares para iniciar y apartar a Rousseff temporalmente, los expertos creen que el Gobierno trata de judicializar el caso. «Estamos en un proceso de judicialización en un contexto de inmensa inestabilidad. La crisis no está cerca de acabar», explicó a LA RAZÓN el jurista Luiz Flavio Gomes. «El Gobierno intenta ganar algunos días, pero los argumentos jurídicos de Maranhao son muy débiles y precarios, y no tienen opción de prosperar», agregó.

El anuncio de la suspensión del proceso se produjo mientras Rousseff participaba en el Palacio del Planalto –sede de la Presidencia de Brasil– en un acto sobre nuevas universidades. La mandataria reaccionó con un mensaje tibio que dejaba entrever que quizá la «guerra» está perdida. «Supe ahora que el recurso fue aceptado y que el proceso está suspendido», dijo ante cientos de personas del sector educativo que coreaban su nombre. «No es oficial, no sé las consecuencias, tengan cautela, vivimos una coyuntura de mañas y artimañas», advirtió Rousseff, que volvió a calificar de «golpe» el intento de deponerla por juicio político. «Ahora más que nunca necesitamos luchar por la democracia y contra el golpe y contra todo ese proceso que fue extremadamente irregular que fue mi golpe», aseveró. El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que ha actuado en las últimas semanas entre bastidores para tratar de frenar el juicio a su sucesora, se congratuló de la decisión. «Ganamos tiempo para reorganizarnos», dijo.

Al final de la tarde el Gobierno recibió el respaldo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, y del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Roberto Caldas, quienes dijeron que el proceso contra la presidenta carece de base jurídica. «La denuncia contra la presidenta no presenta ningún juicio de indicio de crímenes de responsabilidad y mucho menos de certezas», señaló Almagro, en visita a Brasilia.

Nada de lo ocurrido ayer hubiera sucedido si el Supremo brasileño no hubiera dejado fuera de juego al principal promotor de juicio político: el controvertido e imputado Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja desde febrero de 2015.

Maranhao, que ocupaba el irrelevante cargo de vicepresidente, asumió la Presidencia interina la semana pasada, después de que el Supremo suspendiera del cargo y de sus funciones como diputado a Cunha por sus maniobras para boicotear investigaciones contra él dentro del Congreso.

Aunque Rousseff ha ido perdiendo paulatinamente aliados en el Legislativo desde que fue reelegida en 2014, la figura de Cunha incomodaba a la oposición y al Gobierno. Su condición de imputado en el Supremo por ser uno de los políticos de mayor escalafón beneficiados de los desvíos desde la estatal Petrobras restaba legitimidad a un «impeachment» que promovió activamente.

Los mercados, que llevan semanas dando por hecho que la presidenta Rousseff caería tras la votación en el Senado, reaccionaron ayer con pesimismo. El principal índice de la bolsa de valores de Sao Paulo (Bovespa) cayó en la sesión de ayer cerca de un 14%.