Argentina busca respaldo al plan que habilita el pago local de su deuda

El Gobierno de Cristina Fernández busca apoyos para la iniciativa que habilita el pago local de la deuda, mientras se prepara para una semana conflictiva por la huelga general convocada por los sindicatos opositores para el jueves.

El Senado comenzará a debatir en los próximos días el proyecto de Ley de pago soberano local de deuda externa con el que el Gobierno de Cristina Fernández pretende esquivar el fallo de los tribunales estadounidenses que le obliga a pagar la totalidad de la deuda al uno por ciento de los acreedores demandantes, en su mayoría fondos especulativos.

El kirchnerismo, que cuenta con una ajustada mayoría en ambas cámaras, aspira a una rápida tramitación de la ley a la vez que busca convencer a los tenedores de bonos que aceptaron fuertes quitas de deuda al ingresar a los canjes de 2005 y 2010 (92,4 % del total).

El primer gran respaldo llegó hoy del magnate mexicano David Martínez Guzmán, quien opinó que la iniciativa permitirá sortear el bloqueo del pago a los acreedores de deuda reestructurada dictado por el juez estadounidense Thomas Griesa hasta que no cobren también los fondos demandantes.

"Es la medida correcta que debe tomar un país soberano ante un ataque judicial indebido", afirmó Martínez Guzmán, titular del fondo de inversión Fintech, en una entrevista publicada por el diario Página/12.

El inversor mexicano afirmó estar dispuesto a canjear sus títulos de deuda pública argentina bajo legislación extranjera por bonos pagados en el país suramericano para "aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria".

"La solución de fondo es pasar a un plan local. Le recuerdo a qué velocidad el mercado absorbió los bonos emitidos para pagarle la indemnización a Repsol. Hay muchos inversores dispuestos a hacer negocios bajo la ley local porque es indudable la solvencia de la Argentina y la voluntad de pago de su Gobierno", puntualizó.

El titular de Fintech, que posee cerca de 1.000 millones de dólares en bonos de la deuda argentina según fuentes del mercado citadas por el diario oficialista, es también accionista mayoritario de la empresa de telecomunicaciones Telecom Argentina y socio minoritario de la operadora de cable Cablevisión, del grupo Clarín.

Pese al respaldo expresado por Martínez Guzmán, la mayoría de economistas duda que el Gobierno consiga convencer a todos los tenedores de deuda reestructurada y pronostica que desatará nuevas y complejas batallas judiciales y tendrá un impacto negativo en la economía.

Algunos partidos políticos opositores, como la conservadora Propuesta Republicana (Pro), encabezada por Mauricio Macri, y la Unión Cívica Radical (UCR), han adelantado que votarán en contra del proyecto de ley.

Mientras, otros aún no han decidido si rechazarán la propuesta o se abstendrán, como es el caso de la coalición de centroizquierda Unen.

El diputado y líder del opositor Frente Renovador, Sergio Massa, anunció que presentará un proyecto de ley con sedes de pago alternativo en París y Basilea, al tiempo que criticó que Argentina vive "una situación de incertidumbre, de angustia y de preocupación, dada por la suma de errores y por la conjunción de pecados capitales, por no haber abordado en tiempo y forma e integralmente este tema".

Los últimos indicadores económicos muestran la debilidad de la economía argentina, que registró una contracción interanual del 0,2 % de su Producto Interior Bruto (PIB) los tres primeros meses de 2014 y sufrió un leve avance del desempleo, que se situó en el 7,5 % en el primer semestre del año, tres décimas más que en el mismo periodo de 2013.

Los sindicatos opositores han echado un pulso al Gobierno con la convocatoria de una huelga general para el jueves 28 de agosto en protesta por la caída de los salarios frente a la inflación y el aumento de las suspensiones y los despidos.

El líder sindical Hugo Moyano denunció que ve a la presidenta argentina "muy desorientada"y "muy confundida"y vaticinó que el paro será "total", aunque el Gobierno y los sindicatos afines buscan minimizar la protesta.