Argentina sufre un duro revés en su batalla con los acreedores tras perder la apelación

Argentina sufrió hoy un duro revés en su larga batalla con los acreedores que no aceptaron sus reestructuraciones de deuda después de que un tribunal de Nueva York rechazase su apelación al fallo que le obliga a pagar más de 1.330 millones de dólares.

Argentina sufrió hoy un duro revés en su larga batalla con los acreedores que no aceptaron sus reestructuraciones de deuda después de que un tribunal de Nueva York rechazase su apelación al fallo que le obliga a pagar más de 1.330 millones de dólares.

La decisión del panel de tres jueces de la corte de apelaciones del Segundo Distrito federal implica que la última oportunidad para que el país latinoamericano obtenga un resultado favorable en este prolongado proceso judicial está ahora en manos del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Argentina tiene hasta entonces algo de tiempo, puesto que el tribunal de apelaciones ha decidido mantener en suspenso la aplicación del fallo hasta que el Supremo estadounidense decida si acepta o no pronunciarse sobre el tema, que fue llevado el pasado 25 de junio al alto tribunal.

"Esto le da mucho más tiempo a Argentina", explica a Efe la profesora de derecho de la Universidad de Georgetown Anna Gelpern, quien ha seguido este caso y que explica que podría tomar un año o más para que el Supremo estadounidense decida si lo acepta a trámite.

El esperado dictamen de los jueces Rosemary Pooler, Barrington Parker y Reena Raggi supone una gran victoria para el fondo NML, propiedad de Elliot Management, del multimillonario Paul Singer, que lidera la demanda presentada por los tenedores de bonos que rechazaron los canjes de deuda argentina en 2005 y 2010.

Los querellantes, muchos de los cuales compraron estos bonos con grandes descuentos en los mercados, llevan una década batallando por recuperar el cien por cien del importe original, para lo que incluso llegaron a lograr el embargo temporal de la fragata "Libertad"de la Armada argentina en Ghana.

La orden de hoy "condena apropiadamente la persistente violación por parte de Argentina de sus obligaciones y su enorme desafío a las leyes de Estados Unidos y las órdenes de los tribunales de EEUU. Confirma que Argentina no está por encima de la ley", dijo hoy el abogado de NML, Theodore Olson, en un comunicado.

El país latinoamericano dijo durante años que no pagaría "ni un dólar"a los que califica como "fondos buitres", alegando que eso sería injusto para los tenedores de bonos reestructurados, que aceptaron unas enormes quitas de alrededor del 70 % y que representan más de 90 % del total de la deuda.

De hecho, Argentina incluso aprobó una ley que impedía ofrecer una nueva reestructuración sobre aquella deuda, pero el país se vio obligado a cambiar de posición después de que el juez federal de primera instancia Thomas Griesa sentenciara en octubre del año pasado que tenía que pagar a los querellantes todas sus reclamaciones.

El juez determinó un mes más tarde que, en el momento en el que Argentina fuera a pagar cualquier importe a los tenedores de bonos reestructurados, tenía que desembolsar también los 1.330 millones de dólares y los intereses acumulados a los demandantes a través de una cuenta gestionada por el tribunal.

"Reconociendo la inusual naturaleza de este litigio y la importancia que suponen para Argentina los problemas presentados", el tribunal de apelaciones pidió al país en una audiencia en febrero pasado que propusiera "una fórmula alternativa y un calendario de pago", escribe el juez Parker.

El país respondió presentando un mes después una propuesta de pago similar a la del canje que había ofrecido en 2010, lo que el panel de jueces considera que "ignoró a los bonos quebrados"y que no suponía "una propuesta productiva", por lo que han decidido ratificar el fallo de Griesa.

En su decisión de 29 páginas, el tribunal de apelaciones recuerda que en esa audiencia celebrada en febrero los abogados de Argentina aseguraron que el país "no obedecería voluntariamente"la decisión del tribunal de primera instancia, incluso si esta corte ratificaba el fallo.

Además, hace hincapié en que las autoridades argentinas han "anunciado públicamente y repetidamente su intención de desafiar cualquier fallo de esta corte y del tribunal del distrito con las que estén en desacuerdo", lo que les ha llevado a finalmente dar la razón a los demandantes.

Así, tal y como determinó Griesa, "si Argentina paga a los tenedores de bonos reestructurados el 100 % de lo que se debe en sus títulos en un momento determinado, también tiene que pagar a los demandantes el 100 % de los 1.330 millones de dólares y los intereses acumulados que ahora debe".

La decisión no fue bien recibida entre los grupos de tenedores de bonos reestructurados y uno de sus abogados, Sean O'Shea, lamentó que "pasa por alto el injusto impacto del fallo sobre los derechos constitucionalmente protegidos de los tenedores de bonos reestructurados".