Boris Johnson cree que la Justicia no debe dirimir sobre el cierre del Parlamento

La máxima autoridad judicial del Reino Unido lleva a cabo un juicio para analizar si el jefe del Ejecutivo actuó ajustándose a la legalidad o frustró la soberanía parlamentaria al haber suspendido la actividad de Westminster durante cinco semanas

El “premier” Boris Johnson insiste en que la derogación de la actividad en Westminster fue una decisión “inherente y fundamentalmente política, por naturaleza” sobre la que no debería interferir la justicia. Así lo defendió ayer ante el Tribunal Supremo el abogado que le representa, James Eadie.

La máxima autoridad judicial del Reino Unido lleva a cabo un juicio para analizar si el jefe del Ejecutivo actuó ajustándose a la legalidad o frustró la soberanía parlamentaria al haber suspendido la actividad en las dos Cámaras durante cinco semanas. Se trata del plazo más largo desde la II Guerra Mundial y coincide además con uno de los momentos más críticos para la historia del país, ante el caos que ha generado un Brexit, donde la clase política se muestra incapaz de llegar a un acuerdo para su ejecución.

Este jueves, declarará ante los magistrados el que fuera primer ministro John Major, quien considera que la decisión de cancelar Westminster es un abuso de poder por parte de Johnson. El hecho de que un ex líder conservador declare en los tribunales contra el actual líder tory demuestra hasta qué punto el partido se encuentra totalmente roto.

La sentencia de la máxima Corte del Reino Unido se espera para finales de esta semana o principios de la siguiente y, según el fallo, se podría reiniciar la actividad en el Parlamento, prevista ahora para el 14 de octubre, apenas unos días antes de la cumbre europea clave del 17-18.

Durante el proceso judicial, el Supremo estudia los dictámenes emitidos por dos tribunales diferentes: el Superior de Londres -que falló que la decisión era política, por lo que los jueces no tenían que involucrarse- y el de Apelaciones de Escocia -que no sólo considera que la derogación es ilegal, sino que argumenta que Johnson engañó a Isabel II para conseguir de la jefa de Estado su aprobación.

El “premier” determinó el cierre de ambas cámaras del pasado 10 de septiembre, hasta el próximo 14 de octubre, a poco de la fecha establecida para consumar el Brexit el próximo 31 de octubre. Johnson justificó la medida con el argumento de que precisaba de ese tiempo para confeccionar la nueva agenda legislativa de su Ejecutivo.

En cambio, los demandantes -entre ellos algunos diputados- están convencidos de que obró siguiendo una estrategia para impedir al Parlamento bloquear sus planes de ejecutar un divorcio sin pacto.

A cargo de la defensa del primer ministro frente a la demanda presentada por la activista pro UE Gina Miller, el letrado James Eadie enfatizó ayer que la suspensión de las cámaras es una prerrogativa ya contemplada en el derecho parlamentario. El abogado aceptó que los poderes de prerrogativa pueden quedar en ocasiones “limitados por los derechos fundamentales”, y admitió que la suspensión podría potencialmente “socavar” la capacidad del Parlamento de escudriñar al Ejecutivo.

Por su parte, Aidan O’Neill, el abogado de los diputados y lores demandantes señaló: “la madre de todos los parlamentos [el británico] ha sido cerrado por el padre de todas las mentiras [Boris Johnson]”.