La Comisión Europea parece decidida a priorizar el Made in Europe dentro de su plan de rearme de defensa valorado en 800.000 millones de euros. Después de que Ursula von der Leyen esbozase hace dos semanas este paquete, el Ejecutivo comunitario ha presentado este miércoles los detalles.

La Comisión Europea quiere impulsar un nuevo fondo de 150.000 millones de euros (bautizado como SAFE) para que los países europeos inviertan de manera conjunta en ámbitos prioritarios y quiere que uno mínimo del 65% de los fondos se gasten en los componentes de las armas fabricados en Europa y Ucrania. No es la primera vez que la UE se plantea favorecer la producción europea, de hecho Francia ha estado batallando en los últimos años para primar el Made in Europe. Pero si en el pasado otros países miraban con suspicacia estas propuestas al sospechar que París tan solo quería favorecer su industria nacional, ahora todo ha cambiado o, al menos, ha comenzado a cambiar.

La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca esta propiciando un nuevo enfoque por parte de la Comisión Europea que está decidida a impulsar la renqueante industria armamentística europea, lastrada por la fragmentación. Actualmente el 80% de los pedidos de los países europeos se realizan a países fuera del bloque. Dentro de esta apuesta no solo de gastar más sino de hacerlo mejor, la capital comunitaria también se ofrece como intermediaria para un sistema de compras conjuntas. Además, Bruselas quiere crear reservas estratégicas que incluyan componentes de armamentos y tierras raras.

Este paquete de 150.000 millones de euros tomará al forma de créditos blandos reembolsables que los Estados europeos deberán devolver a un tipo de interés menor al del mercado, ya que se utilizará el presupuesto comunitario como aval. Algunos países como España y Polonia quieren subvenciones a fondo perdido, tal y como sucedió tras la pandemia con los fondos Next Generation EU, pero la Comisión Europea no ha incluido esta petición en su propuesta.

Estos préstamos deberán ser devueltos en un periodo máximo de 45 años con un periodo de gracia inicial de 10 para desembolsos del pago principal ( sin contabilizar los tipos de interés). No habrá cheques nacionales, los países europeos que quieran beneficiarse de este instrumento deberán enviar sus planes a la Comisión Europea. La pre financiación de estos planes abarcará las necesidades más urgentes y constituirá el 15% del crédito. Se espera que el dinero comience a fluir este 2025. Los países europeos deberán informar cada seis meses del cumplimiento de estos planes y la última luz verde para el desembolso de fondos tendrá como fecha límite el 31 de diciembre de 2030.

Pero el plan Von der Leyen prioriza, sobre todo, el gasto nacional. Bruselas permitirá a los Estados miembros acogerse a una cláusula nacional de escape dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que les autorizará a saltarse los límites de las reglas fiscales europeas si invierten en Defensa. Esto significa que los países europeos no se enfrentarán a sanciones, aunque los mercados financieros podrán penalizarles con mayores tipos de interés al intentar colocar su deuda. Esta cláusula será limitada y tendrá como tope el aumento 1,5% del PIB (desde 2021) durante los próximos cuatro años. Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, si todos los países europeos de media recurren a esta posibilidad, se podría crean un espacio fiscal de hasta 650.000 millones de euros durante este periodo. El dinero proveniente de los préstamos europeos tampoco será contabilizado.

Alemania había solicitado que este periodo de cuatro años fuera mayor, una década, al entender que las inversiones necesarias en este momento requieren de mucho más tiempo. Pero esta postura no es compartida por el resto de las capitales y el Ejecutivo comunitario ha decidido desoír esta petición. A la hora de cuantificar qué dinero computa en estas clausulas se tendrá en cuenta tanto las inversiones como el gasto corriente. Esto implica tanto las inversiones en equipamiento (también bienes de doble uso civil y militar) e infraestructuras así como el aumento de personas y mejoras en el entrenamiento. Esto datos serán recolectado por la agencia estadística Eurostat.

España quiere que esta definición de Defensa incluya otras partidas como ciberseguridad, gestión de fronteras e incluso la lucha contra el cambio climático, pero los países del Este se opone. Fuentes diplomáticas aclaran que Bruselas va a estudiar si el gasto en fronteras puede considerarse un elemento más de la defensa europea. Además, se asegura que la ciberseguridad entraría dentro la clasificación de bienes de uso dual.