Un crimen ha incendiado el siempre sensible debate migratorio en Francia a pocos días de que el nuevo Gobierno francés haya arrancado sus funciones. La Policía suiza detenía el pasado martes en Ginebra al principal sospechoso del asesinato y violación de una estudiante universitaria de 19 años. Se trata de un marroquí de 22 años que entró a Francia desde España en 2019 con una visa turística con 17 años, cometió otra violación siendo menor de edad y que, tras un periodo de cinco años en la cárcel, no fue expulsado del país porque el trámite administrativo entre Francia y Marruecos se demoró. Sobre el detenido pesaba lo que en Francia se conoce como una OQTF (obligación de abandonar territorio francés con prohibición de regreso en 10 años). La Fiscalía de París ya ha confirmado el envío a las autoridades suizas de la orden de extradición.

El cuerpo de Philippine, una estudiante universitaria de 19 años, fue encontrado semienterrado y con signos de violencia el pasado sábado en el bosque de Boulogne, uno de los pulmones verdes de la capital francesa. La noche anterior, al ver que su hija no regresaba a casa, los padres habían dado la señal de alerta a la Policía. La facultad en la que la joven estudiaba se sitúa a escasos metros del lugar donde se halló su cadáver.

El sospechoso había cumplido cinco años de prisión por otra violación en 2019 sobre una joven de 23 años en la localidad de Taverny, al norte de París, cuando todavía era menor y salió en libertad el 20 de junio. Más tarde ingresó en un centro de detención administrativa en Metz. La Justicia validó su salida de dicho centro el pasado 3 de septiembre, medida acompañada de un arresto domiciliario y la obligación de presentarse en comisaría a firmar con regularidad. El día antes de la muerte de Philippine, el 19 de septiembre, fue inscrito en el registro de personas en busca y captura por no cumplir con su obligación de presentarse en comisaría.

El caso ya ha embarrado los primeros pasos del nuevo Gobierno de Michel Barnier con un asunto siempre espinoso en Francia. Un Ejecutivo que parlamentariamente depende del visto bueno de la ultraderecha de Le Pen que ya ejerce presiones sobre el Gobierno. El nuevo ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha llegado prometiendo mano dura y Le Pen quiere ver pronto los primeros resultados. Por lo pronto Retailleau ha subrayado que “no se puede solo deplorar o condenar (…) Hay que hacer evolucionar nuestro arsenal jurídico. Y si hay que cambiar las reglas, cambiémoslas”.

La ultraderecha no ha tardado en denunciar la laxitud de las leyes y las largas trabas burocráticas frente a la inmigración irregular. La mano derecha de Le Pen, Jordan Bardella, ha señalado que este migrante “pudo reincidir con total impunidad. Nuestra justicia es indulgente, nuestro Estado no funciona, nuestros dirigentes permiten que los franceses convivan con bombas humanas. Es hora de que este Gobierno actúe: nuestros compatriotas están enfadados y no se conformarán con palabras”. Hay cierto consenso político en que las órdenes de expulsión deben aplicarse con mayor celeridad, y no sólo en la derecha. El propio expresidente socialista François Hollande así lo ha señalado. “Cuando alguien sale de prisión y debe ser expulsado se debe hacer lo más rápido posible. Estamos todos horrorizados y hay que preguntarse qué pasó. Hay que ejecutar más rápido decisiones que ya han sido tomadas”.

El pasado mes de febrero, el Tribunal de Cuentas emitió un informe que pone en cuestión el funcionamiento del sistema de expulsión de personas en situación irregular que rige en Francia y que, según considera, es poco eficaz además de muy costoso. Apenas un 10% de las órdenes de expulsión promulgadas por las autoridades francesas llegan a ejecutarse. El informe constataba que hay una promulgación masiva de órdenes, lo que hace que no se pueda dar salida a las mismas, por motivos que van del “atasco” en los servicios de Prefectura al “bloqueo” que plantean en no pocos cascos los países de origen a la hora de recibir a los retornados forzosos. De acuerdo al informe del Tribunal de Cuentas, en 2022, las autoridades francesas emitieron 153.042 órdenes de expulsión, de las cuales 134.280 tomaron la forma de una OQTF, modalidad que exige a la persona que recibe la notificación dejar el territorio francés de forma voluntaria en un plazo máximo de 30 días.