Colombia, entre la guerra y la paz

Casi dos años después de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, el país aún se debate entre la esperanza del fin del conflicto y la prolongación de una guerra financiada por el narcotráfico.

El primer gran golpe que recibió el proceso de paz con las FARC en Colombia vino de parte de los propios ciudadanos. El 2 de octubre de 2016, los colombianos acudieron a las urnas para refrendar los acuerdos suscritos entre Gobierno y guerrilla en La Habana, tras casi cuatro años de negociaciones. Una hora después del cierre del plebiscito convocado por el Gobierno, el 50,23% de los votantes –casi seis millones y medio de ciudadanos–, manifestaron no estar de acuerdo con lo pactado. El resultado propició la crisis más grave que ha sufrido la paz negociada por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La victoria del «no» le dio un nuevo aire al líder de la oposición, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez –quien tiene a su partido, el Centro Democrático, a punto de regresar al poder gracias a Iván Duque, el más firme candidato para ganar la presidencia–, y llevó a modificar varios de los puntos suscritos.

Pese a que el acuerdo se firmó finalmente en el Teatro Colón de Bogotá casi dos meses más tarde, el debate sobre una paz verdadera en Colombia se mantiene vigente por problemas tangibles como el crecimiento de los cultivos de coca en varias zonas del país, el asesinato continuo de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y la acción de las disidencias de la guerrilla en las fronteras con Venezuela y Ecuador. A un día de las elecciones presidenciales, el tema de la paz sigue siendo un eje fundamental en las campañas de los dos candidatos: Iván Duque, que representa a la derecha y ha dicho que modificará los acuerdos, y Gustavo Petro, de la izquierda, que buscará mantenerlos. ¿Es real la paz? De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia,entre 1958 y 2012 (año en que empezaron las negociaciones de paz), el conflicto causó la muerte de casi 220.000 personas, el 81% de ellas civiles; se realizaron más de 27.000 secuestros; 150.000 asesinatos selectivos por parte de grupos guerrilleros y paramilitares, y cerca de cien atentados terroristas. Se registraron 11.751 víctimas de masacres cometidas en su mayoría por grupos paramilitares; 25.000 desapariciones forzadas, y más de cuatro millones de desplazados.

Ante ese panorama, el Acuerdo de Paz adelantado por el Gobierno de Santos parecía lo más sensato; la realidad, sin embargo, es que hoy los colombianos continúan divididos.

Al cumplirse un año de la firma del Acuerdo, en noviembre de 2017, las cifras ya revelaban varios cambios drásticos en las dinámicas del conflicto armado: un total de 8.894 fusiles de ex combatientes de las FARC fueron entregados a la ONU. Las cifras revelan una evidente disminución del conflicto, pero la paz sigue generando profundas divisiones. Temas como el aumento de los cultivos ilícitos y la proliferación de las disidencias de las FARC (miembros de esa guerrilla que decidieron no acogerse al proceso), causan alarma y justifican a una oposición que llega fortalecida a las urnas. Un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reveló que ya en 2016 los cultivos de coca aumentaron en un 52%, pasando de 96.000 a 146.000 hectáreas. Dicho aumento se debe, entre otras cosas, a la suspensión de la fumigación aérea con glifosato, que empezó en 2015, y la captación de los espacios dejados por las FARC por parte de grupos ilegales que continúan en el negocio del narcotráfico, entre ellos sus propias disidencias. El problema con estos grupos es latente: un reciente informe de la FIP estima que existen cerca de 1.200 disidentes que controlan el negocio del narcotráfico en zonas de frontera con Ecuador y Venezuela. La cabeza más visible es Walter Patricio Artízala, alias «Guacho», quien comanda el frente Oliver Sinisterra, tiene bajo su mando a cerca de 300 hombres y fue el responsable del secuestro y posterior asesinato de tres periodistas ecuatorianos a comienzos de este año.

Las cifras de asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos resultan también preocupantes. Según denunció la Defensoría del Pueblo, en los últimos dos años han sido asesinados 282 líderes, lo que marca un gran interrogante sobre la paz. Con estos elementos como telón de fondo, los colombianos acudirán mañana a las urnas a escoger entre dos corrientes disímiles: una que asegura la continuidad al proceso y otra que, seguramente, lo pondrá otra vez bajo la lupa.