El líder liberal del Partido Demócrata surcoreano, Lee Jae-myung, emergió este martes como favorito para alzarse con la presidencia en unas elecciones anticipadas con la participación más alta en dos décadas, según sondeos a pie de urna. Su ascenso llegaría apenas dos meses después de la caída estrepitosa del expresidente conservador Yoon Suk-yeol, cuya audaz pero desastrosa imposición de la ley marcial de diciembre desencadenó su ‘impeachment’ y sumió al país en una vorágine de división política y desconfianza institucional.

La Comisión Electoral Nacional certificará los resultados de la consulta el miércoles. El nuevo mandatario asumirá de inmediato su cargo, iniciando sus funciones por cinco años con una visita protocolar al Cementerio Nacional de Seúl, seguida de una ceremonia de investidura en la Asamblea Nacional, donde prestará juramento y expondrá su agenda, informó el diario Chosun Ilbo.

El carismático y controvertido político de centroizquierda emergió como predilecto portando una historia de adversidad. Nacido como el quinto de siete hijos en una familia campesina sumida en la pobreza en un recóndito pueblo del este, Lee caminaba cuatro horas diarias para asistir a la escuela primaria, regresando para trabajar en los campos. La penuria lo obligó a limpiar los baños escolares mientras sus compañeros participaban en un concurso de arte, hallando refugio en la modesta biblioteca local, donde Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne le ofrecía un escape fugaz de su realidad.

A los 13 años, abandonó los estudios y mintió sobre su edad para trabajar en fábricas, donde enfrentó abusos y salarios impagados. Un accidente laboral que le destrozó la muñeca lo marcó con dolor crónico y una discapacidad oficial, un trauma agravado por la adicción al juego de su padre, que lo llevó a intentar suicidarse. Sin educación secundaria, su determinación lo condujo a la facultad de derecho, donde se graduó y aprobó el examen de abogacía. Defendió con fervor los derechos humanos y laborales de trabajadores explotados, reflejando su propia experiencia. Su carrera política lo llevó a ser alcalde de Seongnam (2010-2018) y gobernador de Gyeonggi (2018-2021), forjando una imagen populista que le valió el apodo de “Trump coreano” durante la campaña de 2022, más por su estilo provocador que por afinidades ideológicas. Ahora, podria enfrentar el desafío de transformar su historia de adversidad en un liderazgo capaz de unificar una sociedad dividida.

Entretanto, enfrentó una tempestad judicial que amenaza con descarrilar su candidatura. Las acusaciones de corrupción, vinculadas a presuntas irregularidades en un proyecto inmobiliario en Seongnam durante su alcaldía junto con cargos por violación de la ley electoral por difundir información falsa, lo han colocado en el centro de un vendaval que sus rivales del Partido del Poder Popular (PPP) califican de inhabilitante. Ha desmentido los cargos con rotundidad, tildándolos de persecución política diseñada para sabotear su ascenso. El revés llegó en mayo, cuando la Corte Suprema de Seúl anuló su absolución en el caso electoral y ordenó un nuevo juicio, avivando dudas sobre su legitimidad. Aunque el Tribunal pospuso las diligencias hasta después de los comicios, una victoria presidencial podría otorgarle inmunidad hasta 2030, conforme a la Constitución, que protege al presidente de procesos penales salvo por traición o insurrección. Este escenario ha desatado una controversia incendiaria, con el PPP argumentando que las acusaciones –centradas en un proyecto urbanístico que habría favorecido a privados– son incompatibles con liderar una nación en crisis.

Mientras el progresista promete sanar una sociedad polarizada, sus críticos lo acusan de esquivar los problemas estructurales que estrangulan a Corea del Sur: una economía debilitada con un crecimiento proyectado del 2% en 2025, inflación desbocada, escasez de vivienda asequible, un sistema de pensiones al borde del colapso y un sistema educativo en caos, con 32.000 docentes renunciando entre 2019 y 2024 debido a la violencia y el acoso escolar, según datos del Ministerio de Educación.

El próximo jefe de Estado heredará un campo minado de desafíos. La cuarta economía asiática, sumida en un crecimiento anémico del 2% en 2024, enfrenta amenazas como un Pyongyang cada vez más beligerante y una guerra comercial global intensificada por los aranceles “recíprocos” impuestos por la administración Trump en mayo. Mientras otros negocian frenéticamente con Washington, el vacío político en Seúl ha impedido avanzar en mitigar el gravamen del 25% sobre sus exportaciones.

En vísperas del sufragio , Lee declaró que alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, la mayor economía mundial, es una “prioridad absoluta”. En una entrevista con la radio CBS, defendió una diplomacia equilibrada, afirmando: “No se trata de que una parte se lleve todas las ganancias o cargue con todas las pérdidas; eso es pagar tributo bajo coacción”. Cuestionado sobre las duras tácticas negociadoras de Donald Trump, descrito por el presentador como “un hombre difícil”, Lee replicó con firmeza: “Yo tampoco soy fácil”. Subrayó que no cederá incondicionalmente a las demandas de Washington, destacando que Seúl cuenta con “muchas cartas que jugar” y abogando por un enfoque de “dar y tomar”. Sin embargo, en un giro pragmático, mostró disposición a dejar de lado el orgullo personal si el interés nacional lo exige. “Esa es la forma en que operan los países poderosos, y debemos superarla. Cualquier humillación no es personal, sino nacional. Si es necesario, me arrastraré bajo las piernas [de Trump]. ¿Cuál es el problema?”, defendió.

Lee enfatizó el peso de su responsabilidad, señalando que “una hora del tiempo del presidente equivale a 52 millones de horas del pueblo coreano”. “Si el presidente debe agacharse brevemente para que millones de personas puedan mantenerse en pie, es lo que hay que hacer”, añadió. Sus palabras reflejan la urgencia de proteger la economía surcoreana, que en 2024 exportó bienes por valor de 34.740 millones de dólares a EE.UU., en un contexto de aranceles del 25% impuestos por la administración Trump en mayo, que han golpeado especialmente al sector automotriz, según datos del Ministerio de comercio surcoreano.

El escenario geopolítico añade urgencia al desafío. Por otra parte, la Zona Desmilitarizada, que divide la península desde el armisticio de 1953, es un recordatorio constante del peligro de sus vecinos. El Reino Ermitaño realizó en 2024, unas 47 pruebas de misiles y desplegó tropas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania, intensificando las fricciones. Pero el verdadero abismo que deberá cerrar no es el que separa a las dos Coreas, sino el que fractura a la propia sociedad surcoreana. La destitución de Yoon, ha dejado a conservadores y centristas indignados por la gestión de las autoridades, los tribunales y la Asamblea Nacional, alimentando una división que paraliza cualquier atisbo de consenso en una nación bien rota.

Escándalo político tras golpe fallido

En un acto sin precedentes desde la transición democrática de 1987, Yoon proclamó la fugaz ley marcial en diciembre, disolvió el Parlamento, proscribió los partidos políticos y cercenó la libertad de prensa. Este intento de consolidar el poder, reminiscente de los regímenes autoritarios, se desmoronó en apenas seis horas derrotado por una conjunción extraordinaria de resistencia cívica y determinación legislativa. Las calles de Seúl, escenario de protestas masivas que evocaron el espíritu de las revueltas democráticas de Gwangju y la Plaza Gwanghwamun, se convirtieron en símbolo de la férrea voluntad popular. Mientras tanto, en un episodio de heroísmo parlamentario, los legisladores, desafiando barricadas y escalando vallas físicas y metafóricas, lograron reunirse en la cámara para votar de forma unánime el levantamiento de la medida. Este evento frustró las pretensiones de Yoon, y reafirmó la fortaleza de las instituciones democráticas frente a la amenaza del retroceso autoritario. Sin embargo, la reverberación de aquel día trasciende lo inmediato. La crisis desatada por Yoon, que culminó en su destitución en abril tras un fallo unánime de la Corte Constitucional, expuso las fisuras de una democracia joven tensionada por la polarización política y las desigualdades sociales.

Esta política no es solo un juego de poder; es un combate despiadado donde la derrota suele pagarse con exilio o prisión. Calificada como un “deporte de sangre”, la historia de la república es un cruento testimonio de esta realidad: de sus trece presidentes, solo dos han escapado al torbellino de derrocamientos, asesinatos, encarcelamientos, acusaciones o suicidios para evitar la persecución. Incluso entre los sobrevivientes, uno de ellos, Kim Dae-jung, sorteó por milagro un intento de asesinato y un secuestro orquestado por la propia inteligencia surcoreana cuando era líder opositor, antes de ascender. El expresidente Yoon enfrenta ahora cargos por ser “cabecilla de una insurrección”, un delito que podría condenarlo a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, en un lugar donde la última ejecución se remonta a 1997. Yoon no está solo en el banquillo de los caídos: su predecesor, Moon Jae-in, enfrenta acusaciones de soborno vinculadas al empleo irregular de su exyerno en una aerolínea, un caso que reaviva el escrutinio sobre la élite política.