Obama quita al exilio cubano los privilegios

A una semana de abandonar la Casa Blanca, acaba con la controvertida ley que potenciaba el exilio al facilitar la ciudadanía a los refugiados que pisaban suelo de EE UU

La senadora republicana Ileanna Ros-Lehtinen fue la primera en contarle al autor de estas líneas lo que ha terminado por suceder en Estados Unidos. El escenario fue la sala de espera de uno de los canales de televisión del sur de Florida. Con gesto adusto y cara de pocas esperanzas, ante un grupo de cuatro personas en su mayoría de origen cubano, espetó a los presentes: «La Ley de Ajuste Cubano está muerta». A continuación, añadió: «Y se acabará el dinero para Radio Martí». Las palabras de la senadora pueden resultar enigmáticas para un español, pero tocan en lo más profundo a los cubanos exiliados en Estados Unidos. Con la apertura de Obama hacia Cuba, había dos fenómenos que tarde o temprano tendrían lugar. El primero sería la derogación de la situación privilegiada que disfrutaban los cubanos que huían de la isla en relación con otros refugiados; el segundo, implicaría el final de las subvenciones para aquellos medios que emitían propaganda anticastrista. Pero hagamos historia.

En 1966, se aprobó en Estados Unidos la Ley de Ajuste cubano. De acuerdo con este texto legal, cualquier cubano que lograra entrar en territorio norteamericano, tenía garantizada la concesión de residencia en el plazo de un año. Si se piensa que cualquier refugiado político debe pasar por un riguroso escrutinio que no garantiza que finalmente se le permita permanecer en el país y que los inmigrantes pueden pasar años antes de lograr que las autoridades los consideren legalmente residentes, poco puede discutirse que Estados Unidos estaba otorgando una situación de favor incomparable a los que huían de Cuba.

La medida tenía, sin duda, razones humanitarias, pero rezumaba también motivos propagandísticos. La fuga de Cuba, potenciada por una concesión de residencia absolutamente excepcional, se convertía en una importante arma política encaminada a señalar que, en el fondo, en la isla no quería quedarse nadie. Había, pues, que desechar su régimen político como alternativa para el continente. Naturalmente, a Fidel Castro no se le escapó el daño que causaba a su imagen exterior la huida de millones de cubanos hacia su archienemigo. No sólo intentó evitarla recurriendo a los resortes de represión interna sino que además trató de convencer a Estados Unidos de que diera marcha atrás. No lo consiguió hasta la Administración Clinton.

En 1994, el presidente demócrata abrió la puerta a que nuevos cubanos salieran de la isla legalmente mediante unos visados que eran sorteados anualmente. Sin embargo, a la vez, a partir del año siguiente impulsó la denominada política de «pies secos, pies mojados». De acuerdo con la misma, los cubanos que fueran interceptados en aguas territoriales norteamericanas (los pies mojados) serían devueltos a la isla, pero aquellos que llegaran a tierra firme (los pies secos) no sólo recibirían la residencia sino un conjunto de beneficios legales y, finalmente, la ciudadanía.

Por supuesto, la medida era inmensamente popular entre la población cubana, pero no sucedía lo mismo con otros sectores de la población. Para los anglos y los negros, en general, no existía razón alguna que justificara esa ley ya que aquellos que escapaban de otras dictaduras comunistas como podían ser la de Corea del Norte, Vietnam o China –incluso de Venezuela o Bolivia– no recibían el mismo trato. Sólo el temor a perder el voto cubano y a dar una imagen de acercamiento a la Cuba castrista evitó el derogar la Ley de Ajuste. Tampoco entre los hispanos la norma era bien vista. Los mexicanos –el 80% de la población hispana en Estados Unidos– llevan décadas quejándose del trato dispensado a los cubanos. A esas protestas se han sumado en los últimos tiempos con especial vehemencia las de los ecuatorianos, los bolivianos, los nicaragüenses y, de manera muy especial, las de los venezolanos. Incluso no faltan los cubanos que, una vez residentes en Estados Unidos, se manifestaban desde hace tiempo favorables a derogar una norma que, en realidad, beneficiaba de manera mayoritaria no a refugiados, sino a inmigrantes económicos.

En otras palabras, los exiliados políticos siguen llegando a Estados Unidos, pero, en su mayoría, las nuevas generaciones no escapan de la falta de libertad sino de la miseria. Dado que además éstos reciben ayudas inmediatas –como, por ejemplo, los 50 dólares para gastos de teléfono móvil o los sellos para adquirir comida– la animadversión había ido creciendo en los últimos años.

La sospecha generalizada era que Donald Trump acabaría derogando la polémica normativa vigente, pero que no se atrevería a hacerlo antes de ganar la reelección ya que no desearía comprometer el voto cubano. Pero Obama le ha ahorrado la tesitura. Los cubanos que lleguen a EE UU serán, a partir de ahora, iguales al resto de inmigrantes. Una parte del exilio cubano lo lamenta porque cuentan con familiares todavía en la isla o teme que sus años de predominio estén comenzando a llegar a su fin. Para el resto, negros y anglos, hispanos e incluso algunos cubanos ya veteranos, se trata simplemente de una medida justa que reconduce todo a la normalidad.

Obama también anunció la eliminación del «Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos» establecido en 2006 por el presidente George W. Bush y que estaba dirigido a facilitar la residencia a médicos, enfermeros, entrenadores deportivos y fisioterapeutas cubanos.