Desde Beirut: «Perdimos la ocasión de tener un futuro»

Umm y su familia esperan una carta de la embajada de EE UU

El paisaje diáfano, rodeado de un manto blanco de nieve que abriga las altas montañas, aumenta la sensación térmica de frío. Umm Azem, de 54 años, mira con resignación hacia el cielo a la espera de que el temporal vuelva a hacer estragos. Las lonas de las tiendas resultaron dañadas hace unos días y el agua penetró en ellas. En este asentamiento temporal en el valle de la Bekaa viven 17 familias numerosas de Guta oriental, situada en los suburbios de Damasco, una de las áreas que fue atacada con armas químicas en agosto de 2013. Su esposo, Abu Azem, aún no se ha perdonado por la muerte de su hijo mayor. Padre e hijo tuvieron una discusión por un tema de tierras y el hijo se marchó de su casa; en el camino fue alcanzado por la bala de un francotirador. Después de aquel trágico incidente decidió marcharse con el resto de la familia al Líbano. El matrimonio, sus cuatro hijos –un varón y tres mujeres–, un cuñado y un nieto entraron como ilegales al país vecino y sin apenas dinero en los bolsillos. El que tenían ahorrado fue para pagar a la red de traficantes que les introdujo en Líbano.

«No hay día que no piense en regresar a Siria», confiesa Umm Azem. «Yo ya soy mayor, pero quiero otro futuro para mis hijas y mi nieto. Ellos deben marcharse a Europa o América». La refugiada nos cuenta que convenció a su yerno para que pidiera asilo en Canadá. Había demasiadas solicitudes y en la misma embajada le sugirieron que lo intentara en la de EE UU. Así que hicieron la solicitud el pasado verano. «Hemos estado esperando y llamando mil veces a la embajada para ver cómo iban los trámites de los papeles. Después nos enteramos de que el presidente (Donald) Trump iba a prohibir a los sirios viajar a Estados Unidos», lamenta Umm Azem. «No es justo, la familia de mi hija ha perdido su última oportunidad para salir de los campamentos y tener un futuro», suspira la refugiada.

Como su solicitud de asilo está en la embajada estadounidense de Beirut, la familia de la hija de Umm Azem no podrá iniciar el proceso en otra embajada hasta que reciba una notificación de rechazo. «Lo único que pueden hacer los refugiados sirios que han solicitado asilo en EE UU es esperar. El proceso está por el momento paralizado hasta la nueva orden ejecutiva», explica a la RAZÓN un responsable de ACNUR en Líbano que pide mantener el anonimato. Se espera que el presidente republicano anuncie nuevas medidas después de las avanzadas la semana pasada y de que su polémico decreto para vetar la entrada a Estados Unidos a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana fuera suspendido por un tribunal.

El sueño de la familia de Umm Azem se ha esfumado al igual que el de miles de sirios que buscan una vida digna lejos de las pobres condiciones en los campamentos de refugiados.

Sin apenas recursos económicos ni opciones para volver a su país, devastado por casi seis años de guerra, esta familia de refugiados sirios está al servicio forzoso del «chawich», un compatriota sirio que hizo buenas amistades con los señores de la tierra en los años 70 y que ahora les facilita un lugar donde vivir a condición de que trabajen para él su mujer y sus hijas. «Tuve que pedir prestado dinero a todos mis conocidos, recaudé 2.000 dólares para alquilar un terreno y construimos las tiendas para nosotros y la familia de mi hija», explica Umm Azem antes de agregar que «todavía estamos pagando las deudas».

Desde primera hora de la mañana, los campos de vid se llenan de mujeres y niñas sirias que trabajan por turnos. Cobran cinco dólares de media jornada, y siete si trabajan hasta las cuatro de la tarde. Una vez terminada la jornada, el «chawich» las traslada de nuevo al campamento y anota en su cuaderno el montante del jornal para luego distribuirlo a finales de mes o para ajustar cuentas con los interminables adelantos de dinero que hace a las familias para que paguen el alquiler, los gastos de luz y agua, la comida... entre otras necesidades básicas, perpetuando así su régimen de dependencia.

Además de las dificultades diarias, Umm Azem y su familia se enfrentan ahora a complicaciones legales. Líbano, con una población de 4,5 millones de habitantes, acoge cerca de 1,5 millones de sirios, según datos de ACNUR lo que representa que una de cada cinco personas es refugiada.

Como país no signatario de la Convención sobre Refugiados de 1951, los sirios que han huido de la guerra en su país se encuentran con una protección legal limitada a la hora de solicitar asilo en Líbano. Debido al elevadísimo número de refugiados per cápita, las autoridades libanesas establecieron en enero de 2015 una nueva normativa que obliga a los sirios a pagar una tasa 200 dólares por persona para renovar su estancia o, de lo contrario, deben abandonar el país.

La inmensa mayoría no puede renovar su estancia, lo que convierte los campamentos en cárceles improvisadas. Sin residencia, los refugiados pueden ser arrestados en cualquier momento, por lo que muchos tienen miedo de moverse fuera de los límites de los campamentos. Esto hace que les resulte difícil trabajar, enviar a sus hijos a la escuela o recibir atención médica. También ha obstaculizado su capacidad para registrar matrimonios y nacimientos, dejando a decenas de miles de niños sirios nacidos en Líbano en riesgo de quedar en situación de apátridas. En un círculo vicioso, la incapacidad para trabajar ha exacerbado la pobreza entre los refugiados, lo que ha provocado un aumento del trabajo infantil y de los matrimonios precoces, muchas veces forzados. La falta de estatus legal también ha dejado expuestos a los refugiados a una serie de abusos –incluyendo la explotación laboral y los abusos sexuales–, incapaces de pedir protección a las autoridadespor temor a que la Policía pueda arrestarlos por tener su residencia vencida. Incluso, aunque están registrados en las oficinas de ACNUR, la agencia de la ONU no puede ofrecerles protección.

La situación se agrava para aquellos que entraron en el país por los pasos fronterizos no oficiales, ya que deberán pagar una penalización de 650 dólares si son detenidos, y salir de Líbano para pedir el pertinente visado de entrada. Teniendo en cuenta que en muchos de esos casos se trata de opositores al régimen de Asad, que se han visto obligados a huir de la guerra, si regresan a Siria lo más probable es que sean detenido y acaben en prisión.